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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
La subcomisión para el estudio de perfiles de candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para el período 2020-2023 inició las entrevistas a los primeros 13 aspirantes de 75 que se inscribieron para participar en el proceso.
Para ejercer los cargos en mención, los aspirantes deben ser salvadoreños por nacimiento, mayores de treinta años, de honradez y competencia notorias, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores a su elección.
Cada uno de los participantes contó con 30 minutos para responder un cuestionario que les fue enviado previamente con interrogantes referentes a la función de la CCR y el motivo de su inscripción en el proceso, además de otras formuladas por los miembros de la instancia legislativa.
A la sesión inicial de la subcomisión acudió Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, quien consideró importante que un equipo de auditores participe en el proceso de entrevistas.
“Propondré a la subcomisión política la participación de un comité de expertos en la auditoría pública para que hagan preguntas muy puntuales en ese ámbito y que las personas que vengan a entrevistarse sepan de que se trata la Corte Cuentas”, dijo Ponce.
El diputado presidente del Congreso salvadoreño hizo hincapié en la necesidad de elegir a los profesionales mejor preparados para tomar las riendas de la CCR, ya que deberán efectuar auditorías a funcionarios públicos y dirimir posibles responsabilidades ya sea patrimoniales, administrativas o penales.
La subcomisión entrevistó durante la mañana a los aspirantes a magistrados Rodrigo Barahona, Mauricio Quintanilla, Julia Alvarenga, Juan de Dios Pérez, Mónica Chávez, Juan Ramos, Walter Sosa y Sigfredo Ventura.
En horas de la tarde continuó el desarrollo de las entrevistas con los candidatos José González, José Monterrosa, Rhina Monterrosa, Ricardo Díaz y Saúl Flores.
El próximo 27 de agosto vence el período de los actuales magistrados de la CCR y para esa fecha la Asamblea Legislativa debe contar con sus sucesores debidamente electos y juramentados para evitar la acefalía de la institución.
