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Yaneth Estrada
@caricheop
El argumento más repetido por el Ministro de Defensa, Francis Merino Monroy durante la interpelación por la irrupción el 9 de febrero en la Asamblea Legislativa fue que «nunca hubo una maniobra militar», ni órdenes de inconstitucionalidad por parte del Presidente del República, y que fue el diputado de GANA,Guillermo Gallegos, quién ordenó que se abrieran las instalaciones.
«El encargado de dar seguridad al Presidente es el Estado Mayor Presidencial, y las actuaciones del Estado Mayor Presidencial, no son de mi competencia estar revelando información de la seguridad como tal», agregó.
No obstante, la Asamblea Legislativa rechazó enérgicamente la actitud con la cual se ingresó al recinto durante la tarde del domingo 9 de febrero, al ser ocupado por fuerzas militares y policiales como medida de presión del Ejecutivo a los diputados, con el fin de obtener la aprobación del préstamo de $109 millones.
Antes del 9 de febrero, el Ejecutivo y varios de sus liderazgos de la sociedad civil, abiertamente seguidores del presidente Nayib Bukele, aludían a la insurrección contra el órgano legislativo, amparados en el artículo 87 de la Constitución.
Se suponía que el 9 de febrero, si los diputados no se reunían para aprobar un préstamo de más de un centenar de millones para la seguridad, los diputados serían desplazados por “los representantes del pueblo”.
Varios de los centenares que se presentaron el domingo en las cercanías de la Asamblea Legislativa esperaban que se desplazaran a los diputados y crear una nueva bancada legislativa con los que llegaran.
El 11 de febrero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó al presidente Nayib Bukele que se “abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.
El 9 de febrero, la presencia militar fuertemente armados, con francotiradores y cuerpo de seguridad incursionaron en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, mientras afuera, se instaló una tarima roja, donde el Presidente de la República Nayib Bukele se dirigió a los asistentes donde criticó insistentemente el trabajo legislativo.
«Se ha explicado hasta la saciedad: el Estado Mayor Presidencial, la misión que tuvo fue proporcionar seguridad al señor Presidente de la República. Creo que más claro no puedo ser», recalcó ante las preguntas de los diputados. A la vez que reconoció que «debe respeto y obediencia al presidente».
«Nunca me ha dado el Señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada una orden inconstitucional, somos respetuosos de la ley”, dijo el contraalmirante.
También, ante las preguntas de los diputados, que “no se ha realizado ningún operativo militar, la actividad fue con el objetivo de salvaguardar la vida del señor Presidente, no voy a contestar cosas hipotéticas. La Fuerza Armada se respeta, y no juega política como ustedes han intentado hacer ver”, fustigó el militar, que no se salió del guión desde los primeros minutos de la intervención hasta que ésta concluyó cerca de las diez de la noche del viernes, en el sentido de evadir las preguntas de los diputados con la misma respuesta: “salvaguardar la vida del presidente”.
Lucha por desvirtuar los hechos
Tras evadir las preguntas, hablar del Plan de Control Territorial, baja de homicidios, ayuda en la situación de emergencia nacional y hasta mencionar el juicio que se lleva a cabo en España por la muerte de los sacerdotes jesuitas, Merino Monroy, afirmó que «ya había tratado de explicar todo el día pero los diputados no entendían».
El diputado del PDC, Rodolfo Parker, exigió al Ministro de Defensa que entregase el número de elementos que ingresaron el 9 de febrero, detalle de qué armas portaban, qué municiones y a que unidades militares pertenecían. «El pueblo reclama que está pasando aquí desde el día 9 de febrero».
Ante insinuaciones, los diputados del FMLN señalaron que la interpelación es al Ministro de la Defensa, no a la Fuerza Armada, y que la entidad castrense tendrá siempre el apoyo de la Asamblea Legislativa, pero como Ministro, sigue sin responder a las preguntas y asumir su responsabilidad en lo que han calificado como el intento de golpe de Estado el 9 de febrero.
«Lo grave de los hechos del 9F, y lo que estamos cuestionando es el uso de la Fuerza Armada para una actividad que no le corresponde constitucionalmente, sea ésta una operación o procedimiento militar», expresó el diputado del FMLN Javier Valdez.
En este sentido, el diputado independiente, Leonardo Bonilla, propuso suspender la interpelación debido a que el ministro Francis Merino Monroy no daba respuestas concretas a lo que se le preguntaba, pero no se logró acuerdo y continúo la interpretación, hasta, que finalmente acordaron suspender la interpelación a las 9:30 de la noche, sin haber tenido ninguna respuesta a satisfacción de los interrogadores.
El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, le preguntó al Ministro de Defensa, cuáles fueron los motivos de su presencia en la Asamblea Legislativa, dado que el cuido del presidente le corresponde al Estado Mayor Presidencial, el 9 de febrero, si estaba consciente de que atendía en medio de un llamado a la insurrección, a lo cual respondió que «llegó a darle seguridad al presidente Nayib Bukele».
«Considera usted normal que un Órgano de Estado sea rodeado por militares con armas de guerra, vehículos artillados, militares armando tarimas, con francotiradores?», preguntó el parlamentario de derecha.
Debido a que el Ministro Merino Monroy insistió en que el 9F no hubo operativo militar, la diputada del FMLN, Yanci Urbina, preguntó, entonces ¿cuál era el objetivo de separar de su cargo a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa?Añadió que el discutido procedimiento militar inició 2 días antes cuando se quitó la escolta a los parlamentarios, se persiguió a familiares de diputados y hasta se vigiló una concentración de un partido político.
Lo anterior fue secundado por el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, quien reveló que el 9F su casa fue «militarizada» casi por 12 horas. «También fueron a tocar mi casa, fue una situación complicada. Mis hijos, mi esposa,no queremos volver a vivir, y estoy seguro Ministro, que usted no dio esa orden», acotó.
«Sí hubo abuso de poder por el presidente; él dio la orden del operativo militar para consumar el Golpe de Estado con el apoyo de la oficialidad de FFAA, el Ministro y violó la Constitución», aseveró la diputada del FMLN, Nidia Díaz.
Pero el ministro, no respondió a satisfacción de los diputados.Y Cerca de las 10 de la noche, con más de 14 horas de evadir respuestas, la Asamblea Legislativa, con 68 votos, dio por finalizada la interpelación al ministro de Defensa Francis Merino Monroy.
