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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Asamblea Legislativa aprobó este sábado con 56 votos a favor la Ley Especial Transitoria de Atención de Emergencia por la Pandemia de COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía, la cual establece la reactivación de la actividad productiva nacional se hará de forma gradual a partir del 8 de junio en el sector privado, y el trabajo del sector público se reanudará a partir del 15 de junio.
El decreto contempla también la posibilidad de ampliar el período de cuarentena general más allá del 8 de junio, tras evaluar el comportamiento de la pandemia en el país.
Además, establece directrices sobre el manejo de la pandemia que deberá ejecutar el Ministerio de Salud, garantizando que la vuelta a la vida productiva se realice acatando estrictas medidas sanitarias como el uso obligatorio de mascarillas y de alcohol gel y el debido distanciamiento entre personas.
La reactivación de la economía se ha pautado en cuatro fases, la primera iniciará el 8 de junio y finalizará el 4 de julio, en la que reiniciará la circulación del transporte público; la segunda fase tendrá lugar entre el 5 y el 24 de julio, en esta se permitirá la apertura de iglesias y servicio de restaurantes, en ambos casos observando medidas de bioseguridad y distanciamiento físico.
La tercera fase se desarrollará entre el 25 de julio y el 13 de agosto, en esta iniciarán las operaciones aeroportuarias con protocolos de sanidad determinados por autoridades de aeronáutica civil y se habilita el funcionamiento de centros de convenciones y salas de recepciones a un 50 % de su capacidad; la cuarta y última fase se desarrollará del 14 de agosto en adelante y en esta se habilitará la realización de eventos públicos, ferias y fiestas patronales y podrán abrir cines, teatros, turicentros y discotecas.
Establece, además, que la reanudación de clases presenciales en centros educativos será competencia del Ministerio de Educación, el cual evaluará la pertinencia de reiniciar el retorno a las aulas considerando el comportamiento de la pandemia. Cualquier modificación en la calendarización de las fases deberá realizarse por vía de reforma legislativa y no podrá realizar esa función ningún decreto emitido por el Ejecutivo.
El nuevo cuerpo de ley, también determina que la cuarentena controlada por autoridades de Salud deberá hacerse en lugares acondicionados para tal fin y no excederá los quince días, prohibiendo las detenciones arbitrarias, sobre las que se pronunció en múltiples ocasiones la Sala de lo Constitucional.
Faculta a instituciones competentes en la atención de la emergencia a realizar compras directas, pero deberán rendir informe de estas a la Corte de Cuentas de la República y a la Asamblea Legislativa y habilita la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
El decreto 648 que contiene la ley establece que es información oficiosa sujeta a difusión mediante la LAIP: el plan de prevención, contención y respuesta a la pandemia que deberá formular el Ministerio de Salud, los lugares utilizados como centros de aislamiento, el número personas de resguardadas en centros de aislamiento, el número de contagios y casos sospechosos, el número de recuperados, los planes de retorno de salvadoreños en el exterior y el número de retornados y la ejecución de fondos destinados a enfrentar la pandemia.
La diputada del FMLN, Cristina Cornejo indicó que, en las discusiones para la formulación de la ley entre diputados y el equipo jurídico y de ministros del Ejecutivo, se llegó a un amplio consenso, pero en el que no existió concordia fue en el de la transparencia en el uso de recursos públicos y en el del funcionamiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en el periodo de emergencia.
En tanto, Carlos Reyes, diputado de ARENA instó al presidente Nayib Bukele a sancionar la ley y enfatizó en el amplio acuerdo pactado entre los órganos Ejecutivo y Legislativo.
El mandatario anunció desde el viernes 29 de mayo que vetará la ley, alegando que es inconstitucional porque no cuenta con un acuerdo total entre ambos poderes de Estado. Esta amenaza dejaría al país nuevamente sin un marco jurídico para la atención de la pandemia.
