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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa llevó a cabo la primera jornada de un foro consultivo con asociaciones de juristas, médicos, organizaciones sociales y de trabajadores respecto a la propuesta gubernamental para decretar un nuevo régimen de excepción para atender la pandemia del COVID-19.
La instancia legislativa recibió en primera instancia a la Asociación de Abogados Constitucionalistas de El Salvador quienes consideraron que la solicitud del Ejecutivo en virtud de que se decrete un nuevo estado de excepción es correcta.
“Estamos hablando de la regulación de la pandemia, regular el desplazamiento de las personas en el ámbito laboral y ver los aspectos de la reapertura económica escalonada que debe darse en el país”, dijo Rogelio Canales, representante de la asociación de constitucionalistas.
Canales dijo que como juristas están de acuerdo en suspender algunos derechos constitucionales pero sin dejar de lado el cumplimiento de la ley y la ejecución de medidas sociales y económicas para apoyar a la población más vulnerable que resulta afectada por la emergencia.
Luego de la exposición de posicionamiento de la Asociación de Abogados Constitucionalistas la instancia legislativa escuchó las valoraciones que representantes del Colegio Médico de El Salvador tienen respecto a la medida solicitada por el gobierno.
Jorge Panameño, integrante de la institución se refirió a la importancia de contar con información transparente sobre el fenómeno del COVID-19 para tener una medición certera de la pandemia, además propuso la búsqueda del virus en las comunidades.
“Una alternativa para bajar la demanda de los hospitales es la búsqueda casa por casa, eso podría identificar pacientes en etapa temprana e iniciar el tratamiento”, expuso el galeno.
En el mismo sentido, representantes de la Asociación Salvadoreña de Infectología enfatizaron en la importancia de fortalecer el primer nivel de atención en salud debido a que es ahí donde radica la educación a la población.
La Comisión Política, además, recibió a representantes de Acción Ciudadana, FESPAD, Tutela Legal del Arzobispado “Dra. María Julia Hernández, entre otros, que expusieron su posición respecto a la solicitud del Ejecutivo de restringir derechos constitucionales de la población para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Luego de concluida la primera jornada de consulta, Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, quien de experticia coincidieron en que para dar una suspensión de garantías constitucionales se necesita de un plan gubernamental para combatir la pandemia.
“Si no existe el plan de nada sirve una ley de suspensión de garantías porque el mismo debe explicar concretamente cuales son los objetivos, logros a alcanzar en relación a reducir y aplanar la curva”, afirmó Ponce.
El presidente legislativo consideró que durante las cuarentenas anteriores donde los contagios eran mínimos se encerró a las personas pero no hubo un plan de tamizaje a nivel general, ni medicamentos para ir al encuentro de personas asintomáticas o una campaña de educación a la población.
El titular de la Asamblea Legislativa se refirió a un estudio presentado por el Colegio Médico en el cual se detalla el número de contagios por municipios y consideró que el mismo puede ser una herramienta importante para determinar la necesidad de la suspensión de garantías constitucionales y cuarentena focalizada para reducir la curva.
La Comisión Política continuará este martes la jornada de consulta para determinar el tipo de ley necesaria para reducir la curva de contagios de COVID-19 que en estos momentos se encuentra en etapa crítica en el país.
