Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El atraso de dos años en el estudio y análisis del anteproyecto de ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos, por la comisión legislativa de Justicia y Derechos Humanos, deja sin garantías de ejercer este derecho que le pertenece a toda la población y organizaciones que trabajan junto a las comunidades, frente a diversas problemáticas sociales, económicas y culturales.
“Le estamos pidiendo a la comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que rinda cuentas en razón del porqué después de dos años de haber presentado una propuesta de ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y trabajar con la mesa técnica, invirtiendo tiempo y conocimientos, aún no hay ningún dictamen”, dijo Loyda Robles, abogada de FESPAD, que integra la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
Alrededor de cincuenta agrupaciones, redes, colectivos, movimientos, asociaciones y fundaciones de la sociedad civil organizada se unieron para demandar públicamente a los diputados y diputadas de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa un dictamen para llevar al pleno la aprobación de la “Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras en El Salvador”.
La llamada de atención de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD) se da en un contexto de mucha tensión social, luego del ataque y asesinato de dos personas militantes del partido FMLN, el pasado domingo 31 de enero, por parte un agente del PPI y seguridad privada del ministerio de Salud, que ha generado una confrontación entre la investigación de la Fiscalía General de la República y el presidente Nayib Bukele, sobre las responsabilidades de los hechores materiales.
Sobre el estancamiento para estudiar este marco normativo, Robles reiteró que esperan que el motivo de falta de quórum de las y los legisladores no se deba a las próximas elecciones del 28 de febrero, que es cuando suelen haber ausencias de los funcionarios públicos que andan en campaña electoral para su reelección.
“La persona defensora de derechos humanos es toda aquella que promueva o procure un derecho; han habido confusiones en entender que defensoras y defensores de derechos humanos somos únicamente las personas de las organizaciones o periodistas -como ustedes- que trabajan, que defienden el derecho a la prensa y libertad de expresión. No obstante, cualquier persona que procure o defienda un derecho es defensora, como la persona que exige que el agua llegue a su hogar. Y esta ley es en beneficio de toda la colectividad y, para las organizaciones que nos dedicamos directamente a defender estos derechos, es un reconocimiento a nuestra labor, que está reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, explicó.
En cuanto a las reacciones que esperan desde la comisión legislativa, Alejandra Burgos, de la Colectiva Feminista en la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, señaló que esta normativa también incluye a personas que por informar, investigar en materia de vulneración de derechos humanos, enfrenten también acciones que perjudiquen su labor social, como son los periodistas.
“Nosotros vamos a esperar que reaccione la comisión legislativa, pero también vamos a seguir con algunas acciones en redes sociales directas, en donde vamos a interpelarles, como lo hicimos en julio de 2020, y que después de eso tuvimos una reacción de la mesa técnica de esa comisión. Lo que nos preocupa es el tiempo, es apremiante, andamos buscando esos espacios y estamos atentos como Mesa (DDD) a que la comisión vuelva a sesionar, que nos convoque y a la Procuraduría (PDDH), a la Oficina de la Alta Comisionada (ONU), y que convoque a distintas instancias que presentaron observaciones a la propuesta de ley, esto está en manos de la comisión de Justicia y Derechos Humanos y su presidente, el diputado Manuel Flores, que se comprometió públicamente en varias ocasiones con la aprobación de este marco normativo”, manifestó Burgos.
En el marco de la “justicia universal”, Manuel Escalante -subdirector del IDHUCA y de la Mesa DDD- señaló que al contar con una ley de protección y reconocimiento a personas defensoras en el país se estaría abonando a no repetir la época de atropellos al disenso de una parte de la ciudadanía frente al Estado.
“Nos enteramos de que, por segunda vez, un tribunal de España confirma básicamente que en este país se han asesinado personas que promovían los derechos humanos y la paz; es decir, hay reconocimiento social y legal -no lo podemos negar- en este país ha habido políticas en contra de personas defensoras de derechos humanos y me refiero al Caso Jesuitas. Y que esos ataques que se manifestaron como terrorismo de Estado, en aquel momento, fueron perpetrados por cuerpos de seguridad y en consonancia con autoridades públicas. En aquella época no existía una ley que diera protección a las personas defensoras y han pasado muchos años sin que tengamos una protección. Y es por esto que nos sumamos para exigirle a la Asamblea Legislativa que cumpla con su compromiso”, argumentó Escalante.
Mientras, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, se comprometió a acompañar la lucha social de la Mesa DDD, ya que también están dentro de la mesa técnica de la comisión de Justicia y Derechos Humanos, al anunciar que de manera escrita, harán la exigencia que hicieron de manera verbal públicamente, el día de ayer, esperando como respuesta una convocatoria para reunirse y estudiar seriamente el marco normativo.
“La imperiosa necesidad que existe de la aprobación y sanción de una ley, que vaya a garantizar la protección de las personas que ejercen la noble función de proteger derechos. Obviamente esta protección se relaciona con un sistema democrático que a diario hacemos alusión y por supuesto a la actividad que realizan las personas en defender derechos humanos. Las diferentes organizaciones sociales han tenido un papel relevante en la garantía, difusión y promoción de los derechos humanos y en esa función gran cantidad de personas defensoras les han arrebatado la vida, por el simple hecho de defender las libertades fundamentales de las personas más vulnerables de este país; en ese sentido, desde la PDDH, hemos dado acompañamiento genuino, determinado y con responsabilidad hacia la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, porque creemos importante que se proteja a esta noble labor de defender una colectividad”, puntualizó.