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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Este día los diputados y diputadas del partido oficial, Nuevas Ideas, con sus aliados o sin ellos en la Asamblea Legislativa, darán su respaldo a la petición del presidente Nayib Bukele de aprobar el proyecto de “Ley General de Minería Metálica”, que pondrá fin al logro del movimiento social y comunidades afectadas por esta industria minera, que hace 7 años promovieron la Ley contra la Minería Metálica en El Salvador.
El anteproyecto fue presentado ante la Gerencia de Operaciones del órgano legislativo por la ministra de economía, María Luisa Hayem, el pasado 20 de diciembre. Sin un estudio previo de impacto ambiental obtuvo el respaldo de la comisión para ser aprobado este lunes al cierre de actividades del presente año.
El anteproyecto de ley detalla, entre uno de los aspectos, que todas las acciones relacionadas a la exploración, explotación y comercialización minera estarán en manos del “Estado salvadoreño”.
Desde los estudios de reconocimiento superficial y prospección (información de la zona), así como la exploración, explotación, extracción, procesamiento y comercialización de las actividades extractivas mineras metálicas; será supervisado por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, dice el proyecto de ley.
Luego de cuestionar que El Salvador fuera el único país en el mundo que “prohibía la minería metálica”, el presidente Nayib Bukele anunció a principios de diciembre su intención de buscar una fuente de ingresos, desde esa industria extractiva, bajo el supuesto de echar a andar proyectos de desarrollo.
En el considerando III de la nueva Ley General de Minería Metálica enfatiza que: “ante la situación económica global, los intereses soberanos y la necesidad de realizar todas las actividades productivas disponibles para potenciar el desarrollo del país, resulta imperante que el Estado haga un uso racional de las riquezas con las cuenta su territorio”.
Del mismo modo, agrega que esto será para “mejorar la calidad de vida de la población en general”, y se compromete a “respetar el medio ambiente”.
La responsable de regular la industria minera será la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que, además, regulará las actividades previas a la “explotación minera” , que incluye autorizar “estudios de reconocimiento superficial y prospección”. Así como la operación de plantas de procesamiento de minerales metálicos y la movilización de materia prima extraída o procesada.
Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) les delega “la vigilancia” y el cumplimiento de las condiciones de un medio ambiente sano y la preservación del recurso hídrico en las actividades mineras.
“El Estado será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, producto de la minería metálica. Esto podrá realizarlo a través de las instituciones específicamente creadas o destinadas a dicha actividad, o a través de sociedades en la que posea participación accionaria, las cuales deberán cumplir con las regulaciones que establezca para tal efecto la Dirección”, dice el artículo 6 del mencionado proyecto de Ley General de Minería Metálica.
Y en el capítulo de las disposiciones finales, el artículo 34 ordena : “Deróguese la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, emitida por Decreto Legislativo No 639, del 29 de marzo de 2017, publicado en el Diario Oficial No. 55, Tomo No. 415 del 4 de abril del mismo año.
Movimiento social activado en contra de la minería metálica
Diversas voces a lo largo de los últimos 15 días de diciembre han reiterado en su mensaje el “error” de derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica por parte del gobierno. Y la protección de una de las cuencas más importantes como es la del río Ostúa (Guatemala)- Lago de Güija- Río Lempa que abastece 1.5 millones de agua dulce a los salvadoreños.
“Colocar esta cereza de la minería en la crisis hídrica, es difícil, porque no es lo mismo descontaminar aguas negras, que descontaminar aguas con químicos. Tiene un alto costo más que quitar la parte microbiológica de riesgo de las aguas negras”, sostuvo Guillermo Umaña, presidente del capítulo El Salvador, de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
“Esta situación que se nos viene es tremendamente mala, en el sentido de que no tenemos la capacidad monetaria ni tecnología para tratar estas aguas, que una vez contaminadas serán inservibles y pone en juego la mejor cuenca que tenemos. Por esto, como sector profesional, pedimos una mesa de diálogo y concertación para que nos escuchemos todos los interesados”, agrega.
