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MECIES, en el marco del trigésimo tercer aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992, denuncian la obstrucción de la Asamblea Legislativa para aprobar una ley que dignifique a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado. Foto Diario CoLatino/Cortesía.

Asamblea Legislativa obstaculiza Ley de justicia transicional, dice la Mesa contra la Impunidad

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Las organizaciones de derechos humanos y memoria histórica que integran la Mesa Contra la Impunidad de El Salvador (MECIES), en el marco del trigésimo tercer aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, firmado el 16 de enero de 1992, denunciaron la “obstrucción” de la Asamblea Legislativa para estudiar y aprobar una ley que dignifique a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado de la década de los años ochenta.

“Exigimos a la Asamblea Legislativa que cese el incumplimiento de sus obligaciones y dé trámite a este proyecto de Justicia Transicional propuesto por las víctimas y las organizaciones que las representan”, dijo Gabriela Santos, directora del IDHUCA, que integran la MECIES:

“Queremos traer a colación la necesidad de que se dé trámite al tercer proyecto de justicia transicional presentado por parte de las víctimas del conflicto armado desde el 2019. Además, se ha estado insistiendo infructuosamente en la Asamblea Legislativa, para que escuche a las víctimas y sus peticiones en general al respecto de los derechos humanos y la búsqueda de justicia”, agregó Santos.

“La negativa a dar trámite a esta ley no solamente viola los derechos humanos de las víctimas, es una ofensa para ellas también que por años han venido buscando justicia e incluso incumple la normativa de la propia Asamblea Legislativa”, agregó.

Al incumplimiento del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), e ignorar a las víctimas y sus demandas, argumentó Santos, se suma la desobediencia a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que en el año 2016 dejó sin efecto la “Amnistía General”, así como, obligaciones que se enmarcan en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y que han sido ratificados por Estado de El Salvador.

Los diputados y diputadas tienen la obligación de “estudiar, discutir y decidir” sobre los anteproyectos o iniciativas de ley, que les han presentado, y que está claramente establecido en la jurisprudencia constitucional, recordó la abogada.

“A parte del incumplimiento de la normativa de la Asamblea Legislativa, también es una transgresión de la sentencia de la Sala de lo Constitucional (2016), que ya casi cumplimos 10 años desde que se emitió, y aún no tenemos una ley que cabalmente cumpla con las peticiones de las víctimas y que se adhiera a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de reparación”, alegó Santos.

Acuerdos de Paz o Día de las Víctimas del Conflicto Armado

En su pronunciamiento la MECIES calificó de “paradójico” que la mayoría de los parlamentarios del partido oficial Nuevas Ideas exaltan el decreto que designó el 16 de enero como “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado”, cuando no han tenido la voluntad de recibir a las víctimas que buscan una Ley Transicional para obtener justicia y verdad.

“Lamentablemente, hemos visto cómo se ha instrumentalizado la justicia y retoman el hecho de este contexto de los Acuerdos de Paz, para hablar del Día de las Víctimas del Conflicto Armado, sin que se respete realmente a las víctimas. Estos tergiversan la historia y la misma importancia que tienen los Acuerdos de Paz”, reiteró Santos.

Ese decreto “no representa de modo alguno el sentir de las víctimas”, porque tiene un origen de imposición y es inconsulto, al examinar sus considerandos que están enfocados en “tergiversar y negar la historia”, de los Acuerdos de Paz, por lo que el MECIES lo rechaza por sus intereses políticos, que violentan los derechos de las víctimas.

“Como sabemos la sentencia de la Sala de lo Constitucional (de la CSJ) ordenó a la Asamblea Legislativa una Ley de Justicia Transicional, donde se establezca la necesidad por parte del Estado de garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición a favor de las víctimas de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad acaecidos en el conflicto armado”, reiteró Santos.

“La Sala de lo Constitucional ordenó que se garantizara el acceso pleno a la información pública de los hechos, adoptar las medidas integrales sin discriminación y asegurar las fuentes de financiamiento para esto”, expresó.

Otro de los aspectos señalados en la sentencia de la Sala de lo Constitucional establece el acceso a consulta de los “archivos militares históricos”, así también, la creación de un registro de víctimas y un fondo financiero para aplicar reparaciones a víctimas sobrevivientes, e incorporar la memoria histórica en los planes nacionales de estudio.

“Lamentablemente, hemos visto como se ha ido incumpliendo la sentencia, y como lo señalamos al inicio, ha sido infructuosa y obstaculizada para que las víctimas sean escuchadas en el seno de la Asamblea Legislativa desde el 2019”, consideró.

Actual Sala de lo Constitucional en silencio

La directora del IDHUCA recalcó que han sido presentados tres anteproyectos de ley sobre “Justicia Transicional”, las que reúnen todos los elementos y mecanismos para acceder a la “verdad y justicia”, además de reconocer a las víctimas de abusos pasados por parte del Estado. Deplorando, que no exista “voluntad política” para recibir a las víctimas y discutir la normativa.

“Es lamentable, como sabemos en el contexto actual la Sala de lo Constitucional (CSJ), que tampoco le ha dado seguimiento al cumplimiento de esa sentencia de 2016. y tenemos ahora una Asamblea Legislativa que no sólo no escucha, sino, también que archiva proyectos presentados”, reprochó Santos.

Los anteproyectos de Ley de Justicia Transicional, presentados en 2021, y el incumplimiento a dar trámite a dichos documentos, así como, el más reciente de octubre de 2024, la Asamblea Legislativa no ha hecho eco de estas iniciativas legales.

Sociedad salvadoreña está condenada a repetir su pasado

“Una sociedad que no supera las causas del conflicto armado no supera las medidas de reparación de verdad y de justicia de las víctimas, corre el riesgo de repetir su historia porque la impunidad se mantiene, y la injusticia se instala”, afirmó, Ana Julia Escalante, directora de la Asociación de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro Búsqueda).

Escalante consideró que, si una sociedad continúa su presente sosteniendo la impunidad en diferentes ciclos, está reciclando todas las injusticias sociales del pasado y se aleja de una vida democrática y de derecho.

“Esto es lo que vivimos en El Salvador, diferentes ciclos de violencia de la postguerra, porque no hemos vivido una paz real, ni se han retomado principios fundamentales como responder a las víctimas para dar un proceso de cierre a todos esos duelos ambiguos que siguen manteniéndose en la actualidad”, refirió.

“Lógicamente, al no existir tampoco castigos ejemplarizantes de los perpetradores de los crímenes que cometieron, de esos graves hechos durante la guerra. Realmente, permite que nuevas estructuras vayan vulnerando nuevamente a las víctimas”, puntualizó Escalante.

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