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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“No podemos ser un colectivo de organizaciones que trabajamos contra la impunidad y pasar por alto el cometimiento de un delito por parte de funcionarios públicos al cometerse un desacato”, aseveró Eduardo García, director de Pro-Búsqueda, al reflexionar sobre la indiferencia institucional con los derechos de las víctimas del conflicto armado en la década de los años ochenta.
Han pasado dos años y cuatro meses desde la segunda prórroga que venció el pasado 13 de noviembre, de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, de Corte Suprema de Justicia, que ordenó al órgano Legislativo a legislar por una Ley de Reconciliación Nacional y de Asistencia a Víctimas, emitida el pasado 13 de julio de 2016 que entre sus observaciones está la conservación y fomento de la memoria histórica, con la participación efectiva de las víctimas y sobrevivientes y sectores interesados en contribuir a este nuevo marco jurídico.
La Mesa Contra la Impunidad y el Grupo Gestor Pro Memoria Histórica, en el marco de finalización de la visita “in loco” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país señalaron que la misma es significativa, porque permitió a diversos sectores de la población civil organizada exponer las deudas del Estado salvadoreño, en materia de derechos humanos y cumplimiento de compromisos a nivel internacional.
“No podemos dejar pasar a una Sala de lo Constitucional que guarda silencio ante este desacato que se está cometiendo. A la fecha, luego de casi tres años, la Asamblea Legislativa debió haber promulgado la Ley de Reconciliación Nacional, en los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional. Nosotros esperamos también que la Sala de lo Constitucional se planteé una medida administrativa contra la Asamblea Legislativa, por su desacato reiterativo a la sentencia, pese a las dos prórrogas, y que de un golpe en la mesa para exigir los parámetros en la Ley de Reconciliación y evitar tácticas dilatorias”, manifestó García.
Otra de las observaciones que enfocan las organizaciones de derechos humanos es hacia el órgano Ejecutivo, que no ha mostrado acciones encaminadas a ejecutar un “programa integral de reparación material y simbólica” a todas las víctimas del conflicto armado, pese a que el presidente de la República, Nayib Bukele cuenta con iniciativa de ley, según el artículo 133 de la Constitución de la República.
Mientras, Irene Gómez, abogada de Cristosal señaló el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR), por solo contar con cuatro fiscales auxiliares para 165 casos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el marco del conflicto armado, que no han tenido un avance sustancial en la investigación.
“Únicamente se le está dando un curso procesal al caso de la Masacre de El Mozote; sin embargo, los demás casos prácticamente no tienen ningún avance y esto genera que, cuando las víctimas sobrevivientes del conflicto armado llegan y preguntan o cuestionan sobre el avances de sus casos, la respuesta es siempre que están en el mismo estado que ellos lo dejaron, lo que provoca una revictimización. Y también hay una política de persecusión penal de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, a los que tampoco se da cumplimiento. En conclusión, no hay avances en los casos y las víctimas siguen revictimizándose”, apuntó.
“Soy sobreviviente de la tortura y denuncio al Ejecutivo que preside el presidente Nayib Bukele, porque le hicimos una solicitud de audiencia desde hace tres meses y hasta la fecha no nos ha tomado en cuenta, porque queremos hablar sobre la Ley de Reconciliación, esto a las víctimas las llena de más dolor y revictimización”, expresó Rafael Segura, integrante de la Asociación de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto Armado.
Sobre el requerimiento al Ministerio de Defensa Nacional, y en especial al presidente de la República, en su calidad de comandante general de la Fuerza Armada y al alto mando de la misma, generar una ley que aborde los tópicos relacionados a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que elimine obstáculos de carácter burocrático para acceder a archivos, documentos e información que tengan en su poder, para facilitar el proceso con las víctimas o sus representantes legales.
“Estas víctimas eran civiles, no eran combatientes de ningún bando, estas personas merecen un respeto y como personas sujetas de derecho a acceder a la verdad, a la justicia y la reparación. Nos encantó la actitud de la Comisión de Derechos Humanos de escuchar a los grupos de víctimas. Estamos convencidos de que ellos (CIDH) llevan un legajo de peticiones no solo en derechos humanos relacionados con el conflicto armado, sino también la población LGBTI, derechos de las mujeres, niñez, medio ambiente, pueblos originarios y otros. No se va a señalar al Estado quizá porque esté haciendo vulneraciones de derechos como fueron en el conflicto, pero sí por no influir para que cesen esas vulneraciones de derechos de las víctimas”, puntualizó Eduardo García.
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