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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
La Asamblea Legislativa ratificó durante sesión plenaria ordinaria correspondiente a este jueves la Ley Especial Transitoria de Emergencia por la Pandemia del COVID-19, Atención Integral de la Vida, Salud y Reapertura de la Economía, normativa vetada por el Ejecutivo.
La decisión se da luego de que el Ejecutivo desestimara cuatro convocatorias oficiales de la Asamblea Legislativa para reunirse y abordar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que ordenó a ambos órganos ponerse de acuerdo y legislar en torno a una ley de emergencia nacional.
“El Ejecutivo ha desgastado la figura del veto por inconstitucionalidad, es necesario que la Sala de lo Constitucional se pronuncie sobre Las razones invocadas. Queremos que se certifique a la CSJ la propuesta hecha por el Ejecutivo y el resultado del decreto 648”, dijo Rodolfo Parker, diputado del PDC.
La normativa contempla un estado de emergencia nacional durante 15 días, plantea tipos de cuarentena y aislamiento y las personas sujetas a estas, establece cuatro fases de reactivación económica, contempla las medidas de higienización, en aras de salvaguardar la vida de los trabajadores y otorga estabilidad laboral.
El marco legal ratificado por los legisladores propone que los hospitales y laboratorios privados podrán atender a pacientes con COVID-19 o realizarles la prueba, con previa autorización del Ministerio de Salud (MINSAL).
Asimismo, indica que los titulares de las distintas carteras de Estado y presidentes de instituciones autónomas deberán presentar a la Asamblea Legislativa un informe mensual detallado de la ejecución de los fondos utilizados, independientemente de su fuente de financiamiento, durante todo el período de la pandemia.
Respecto a lo que motivó la ratificación del marco legal en cuestión, Cristina Cornejo, diputada del FMLN, consideró que desde el inicio de la gestión del Presidente Nayib Bukele, el veto es usado como una especie de juego.
“Parece que el presidente está jugando con los tiempos para que la población se quede sin legislación, y usted sabe las consecuencias. Nos encontramos con este veto al decreto 648 y lo que han hecho es cambiar el orden de los argumentos de otros vetos”, indicó la legisladora.
La normativa, además, establece que el transporte público y privado de pasajeros, así como el transporte de carga, podrá circular e manera segmentada siempre que se guarden los protocolos sanitarios y de distanciamiento social.
En cuanto a la reapertura económica, la ley propone cuatro fases que se desarrollarán a lo largo de 120 días en los que se priorizará en orden de mayor a menor importancia el rubro al que pertenecen las empresas avaladas para reiniciar labores.
Durante la implementación de cada etapa, las empresas e instituciones públicas deberán tomar todas las medidas sanitarias y de distanciamiento social para prevenir el contagio de COVID-19 entre sus empleados.
