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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Con 58 votos a favor y 10 en contra la Asamblea Legislativa avaló la decisión de la Comisión Especial que estudió los incidentes del 9F, de pedir la destitución del director de la Policía Nacional (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, y la del ministro de Defensa Nacional, el contraalmirante Francis Merino Monroy.
Tras conocerse que la Comisión Especial “para investigar los hechos acaecidos antes, durante y después del Golpe de Estado Fallido contra la Asamblea el 9 de febrero” dictaminó que se presentara un recomendable al presidente de la República, Nayib Bukele, para que separe de su cargo al ministro de Defensa Nacional y al director de la Policía Nacional Civil por contribuir de manera directa a que dicho suceso pasara. Los diputados de la Asamblea, avalaron lo resuelto en la comisión, y votaron este jueves, durante la plenaria respectiva, solicitar al presidente Bukele la destitución de los dos funcionarios.
La jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, dijo que, es por segunda vez que piden la destitución del ministro de la Defensa, ya que, tras su interpelación en agosto pasado, también solicitaron que este funcionario fuera separado de su cargo. Sin embargo la acción no tuvo eco en la Presidencia de la República. El subjefe de fracción del FMLN y miembro de la comisión del 9 de febrero, Jorge Schafik Hándal dijo que hubo una planificación previa de todo lo que pasó ese día, “no es una cosa que sucedió así de pronto, la maniobra ya estaba planificada con varios días de antelación, escudándose en el préstamo”. Hay que recordar que el 9F el presidente Bukele irrumpió el orden constitucional al llegar a la Asamblea Legislativa y entrar con agentes de la PNC y de la Fuerza Armada, con el objetivo de hacer presión a los diputados para que aprobaran un préstamo que era para financiar el Plan Control Territorial, o destituirlos.
Por otro lado, Hándal informó que los involucrados directos son: el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; el jefe del Estado Mayor Presidencial, Manuel Antonio Acevedo López; el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Carlos Alberto Tejada Murcia y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, de quien la decisión de la Asamblea Legislativa es de carácter vinculante.
Es decir, el presidente Bukele está en la obligación de destituirlo por orden de la Asamblea Legislativa, según lo establece el artículo 131, numeral 37 de la Constitución de la República, el cual reza: “Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado; o a los organismos correspondientes, la de funcionarios de instituciones oficiales autónomas, cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación, en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de Seguridad Pública o de inteligencia de Estado por causa de graves violaciones de los derechos humanos”.
Por parte del partido ARENA, el general Mauricio Vargas manifestó que el hecho como tal está en la toma de la Asamblea de manera armada, esa es la base de los delitos. También hay que definir que esto se consideró como un retroceso en la vida democrática del país. Margarita Escobar, de ARENA, manifestó: “Es algo gravísimo a la democracia salvadoreña, desde ese momento (el 9 de febrero), El Salvador perdió su credibilidad internacional y es un hecho que no pasó desapercibido, ni por los salvadoreños ni por la comunidad internacional”.
Apoyo a funcionarios del Ejecutivo
El coronel y diputado Antonio Almendáriz dijo que no apoyaba la resolución de destitución porque Arriaza Chicas “estaba cumpliendo una orden” que es precisamente guardar el orden ante el presidente Bukele respecto a su seguridad, mientras que con la decisión de destituir al ministro de la Defensa, René Francis Merino es “echar más leña al fuego”; y recalcó que no fue conveniente que esto sucediera porque sería un conflicto más entre los órganos del Ejecutivo y Legislativo.
El jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez catalogó estas acciones de “tinte político” por parte de los partidos ARENA y FMLN, y agregó que como grupo parlamentario respaldarán la decisión que tome el presidente Bukele porque “estas comisiones que a todas luces tienen un interés político-partidario de la oposición que, de alguna manera por su actuación meramente política, las decisiones las toman más con el hígado que pensando en el país”. Vásquez dijo que el informe de la comisión del 9F, “no tiene razón de ser, ya que las circunstancias han pasado y este país sigue con su normalidad; sin embargo, quedan los caprichos políticos y los resentimientos”. Y concluyó que a pesar de lo que digan los opositores, en el grupo parlamentario “estamos viendo que la democracia se sigue fortaleciendo, el país sigue caminando”. Este informe también pide a la Fiscalía General de la República, investigar si se cometieron delitos el 9 de febrero por parte del presidente de la República, director de la PNC, ministro de Defensa, jefe del Estado Mayor Presidencial, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.
Reacción Bukele
El presidente de la República, Nayib Bukele rechazó la recomendación de la Asamblea Legislativa en destituir al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y el ministro de Defensa, René Merino Monroy, por los hechos acaecidos el 9 de febrero en el Salón Azul.
“No les voy hacer caso, porque la Constitución no les da esa facultad, que la lean primero, pero segundo, tanto que la defiende, entonces, que la respeten, que empiecen por ahí. Luego me pregunto, nuestro ministro de Defensa no había entrado a la academia militar (cuando sucedió la masacre de El Mozote y sitios aledaños), saben quién si estaba, el Chato Vargas, que no solo estaba en la FAES, sino que viajó a Boston para encubrir a los asesinos y el vota para destituir al ministro”, dijo el mandatario.
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