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José M. Tojeira
Podemos preguntarnos y con razón, ¿para qué existe la Asamblea Legislativa? La Constitución es clara cuando dice que para legislar. Pero es evidente que la Asamblea no tiene la función de legislar al capricho o a la conveniencia de quienes la componen, sino que está sujeta, como todos los órganos del Estado, a la Constitución. Y la Constitución es muy clara cuando dice que el Estado, uno de cuyos poderes básicos es la Asamblea, está al servicio de la persona humana y debe asegurarle “la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. Legislar sin tener en cuenta estos valores u otros consignados en la Constitución, es simplemente una aberración democrática. Por eso, cuando vemos la lentitud, ineficiencia o incluso escasez de valores en el debate y el trabajo legislativo es lógico que nos preguntemos para qué sirve la Asamblea Legislativa. Sabemos que la elección de diputados es indispensable para la vida democrática. Pero nos maravillamos con frecuencia del poco espíritu democrático, que tienen una buena parte de los legisladores. Algunos ejemplos nos ayudarán a entender esto.
Vivimos en un ambiente de violencia muy preocupante. Pero la Asamblea se ha preocupado a lo largo de los años, más por legislar el aumento de penas que por establecer medidas preventivas contra la violencia, como serían mejoras sustanciales en los presupuestos de salud, educación y vivienda. El ciudadano, desprotegido por el Estado, ha tenido que preocuparse por cerrar calles, comprar alambre cortante, aislarse de la convivencia amplia con toda la ciudadanía, creando así diferencias y desigualdades más palpables y socialmente desintegradoras. Cuando una manera de fomentar la cultura de paz, en medio de la violencia es avanzar lo más posible en la ratificación de todo convenio o protocolo que asegure el cuidado del Estado en el tema de los Derechos Humanos, la Asamblea se ha negado, a pesar de peticiones públicas de la sociedad civil, a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
En la actualidad hemos criticado los despidos masivos con los que amenaza el Gobierno actual. Monseñor José Luis Escobar, nuestro Arzobispo, ha insistido con toda razón en evaluar y reubicar antes de despedir. Sin embargo, no solo el gobierno tiene responsabilidad y debe por supuesto cambiar su actitud. La Asamblea Legislativa tiene desde hace años pendiente una ley de la Función Pública sin aprobar; ello a pesar de que dicha ley ha sido fruto de un excelente trabajo en el que colaboraron técnicamente asesores internacionales y funcionarios expertos, que trabajaron con el gobierno durante los mandatos tanto de ARENA como del FMLN. Diputados que no hacen caso ni siquiera a sus mejores técnicos ¿para qué nos sirven en la Asamblea? Si queremos más datos baste contemplar el intento de Ley de Reconciliación. El presidente de la Asamblea parece más preocupado por seguir considerando héroe al teniente coronel Monterrosa, que por legislar con estándares internacionales de Derechos Humanos en una ley vinculada con los mismos. Los gritos y bochinches de los diputados de su partido, no le dejan escuchar el llanto de los niños del Mozote. La ley del agua, otra de las grandes deudas con el pueblo salvadoreño, no acaba de salir a flote, de tan amarrada que está la Asamblea, a tan pesados intereses particulares.
Cuando decimos Asamblea para qué no pretendemos que no haya Asamblea. Es parte de nuestra democracia, la necesitamos para regular la convivencia social de un modo armónico. Pero queremos que funcione según los valores consignados por la Constitución en su artículo primero, artículo fundamental y definitorio de la función del Estado: justicia, seguridad jurídica, bien común, libertad, salud, cultura, bienestar económico y justicia social en favor de la persona humana. Y esta Asamblea, lamentablemente, está lejos de estos ideales a la hora de legislar.
