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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La resolución del Pleno Legislativo, de anoche, aprobada por 57 votos, pide al fiscal general investigar la posible comisión de los delitos de encubrimiento, fraude procesal y actos arbitrarios, durante el proceso de antejuicio contra el viceministro de Seguridad Pública.
Con 57 votos a favor, el pleno legislativo de la Asamblea Legislativa aprobó una resolución encaminada a certificar lo ocurrido durante la sesión plenaria ordinaria número 140, en la que se conocía el dictamen favorable de la Comisión Especial de Antejuicio contra el Viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas.
Los diputados sometieron al pleno esta propuesta, luego de que el proceso de desafuero contra arriaza Chicas fuera irrumpido por la misma defensa de Arriaza Chicas tras informar que dicho funcionario renunció a su cargo como viceministro el pasado lunes.
Ante esta situación, el pleno, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 141 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, dio por terminado el proceso de antejuicio en forma anticipada, ya que dicho articulo en el numeral 2 establece que el antejuicio termina “por muerte, renuncia o exoneración del funcionario”
Los diputados determinaron solicitar al fiscal general de la República, Raúl Melara, que investigue de manera urgente el posible cometimiento del delito de encubrimiento, previsto y sancionado en el artículo 308 del Código Penal, el cual se refiere a que “quienes ayudaren a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de esta”.
Los legisladores también pidieron a la FGR que investigue los delitos de fraude procesal previsto y sancionado en el artículo 306 del Código Penal y el de actos arbitrarios previsto en el artículo 320 de la misma normativa, ante lo sucedido en el proceso de antejuicio de Chicas y cuyas líneas de investigación se puedan desprender del expediente que se remite y de las acciones realizadas en el curso de la sesión plenaria para conocer el dictamen de la instancia legislativa especial.
De igual forma se pidió que se enviara una copia certificada a la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia del video de la sesión plenaria a efecto de que investigue el desempeño profesional de los abogados de la defensa del funcionario.
