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Samuel Ama
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa aprobó este viernes la vigésima tercera prórroga del régimen de excepción, medida que ha sido utilizada no solo para perseguir pandilleros, sino para violentar los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas. Dicha prórroga se concedió en medio de un proceso electoral marcado por las irregularidades, al menos en lo que se refiere a la elección de diputados.
Si bien, la herramienta estatal fue implementada para declarar “la guerra contra las pandillas”, también ha servido para arrestar a miles de personas inocentes. De hecho, el mismo Estado ha aceptado que ha liberado a personas a las que no se les encontraron vinculaciones con estructuras criminales sin algún tipo reparo hacia su afectación.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo a través de sus redes sociales que “nunca en la historia del mundo se ha logrado algo similar a lo que estamos alcanzando en El Salvador en este momento. Hemos cambiado la realidad de nuestro país y seguiremos trabajando incansablemente por la verdadera justicia. Bajo las directrices del presidente Nayib Bukele”.
El Gabinete de Seguridad y la misma Asamblea Legislativa reconocen el régimen de excepción como una muestra de “compromiso con la paz, la seguridad y la tranquilidad de la población”; lo que refleja la incapacidad para promover políticas públicas para contrarrestar la delincuencia que no lleven consigo la suspensión de derechos fundamentales a toda la población, como la libertad de asociación, defensa técnica, inviolabilidad de la correspondencia, así como la extensión de la detención administrativa.
La prórroga al régimen de excepción se da en dos contextos importantes para la historia del país; ocurre en medio de un proceso electoral cuestionado por las múltiples irregularidades hacia el Tribunal Supremo Electoral y Nuevas Ideas, ya que se ha especulado que se estaría cometiendo fraude para favorecer al partido oficialista. Ocurre también, luego de 4 años de que Nayib Bukele asaltó el congreso. Fue el 9 de febrero de 2020 que Bukele, con fuerza militar y policial, se tomó la Asamblea Legislativa a manera de presión para la aprobación de un préstamo para el Plan Control Territorial, plan de seguridad que se vio opacado por las investigaciones fiscales y periodísticas donde se revelaba que el Gobierno de Bukele negoció con las principales pandillas del país para reducir el número de homicidios.
El régimen de excepción fue utilizado durante la época de dictaduras militares para mantener bajo presión a la población. Con la aprobación de la prórroga de este viernes, se garantizará que, en las elecciones de alcaldes y Parlamento Centroamericano (3 de marzo), los salvadoreños vuelvan a votar bajo suspensión de garantías constitucionales.
