Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Con 43 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el informe final de la Comisión Especial para investigar las sistemáticas acciones irregulares del Órgano Ejecutivo, afectando el tratamiento, prevención y combate de la pandemia, en el cual se recomendó la destitución del ministro de Salud, Francisco Alabí.
Dentro de los parámetros mínimos sobre la investigación, la mesa legislativa se propuso a conocer el Plan Nacional de Salud para el manejo integral de la actual pandemia. De igual forma se propuso a verificar el manejo epidemiológico de la pandemia de la Covid19. Conocer los datos estadísticos e informaciones confiables sobre el manejo mismo de la pandemia. Por último, se concentró en verificar la coordinación intersectorial e interinstitucional.
Dentro de las reuniones que sostuvo la comisión especial, se convocaron a funcionarios del Ejecutivo, representantes de autónomas, alcaldes que por su jurisdicción se vieron involucrados con los cercos sanitarios, así como testimonios de salvadoreños que se vieron afectados por las acciones de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada.
La instancia legislativa concluyó que el Órgano Ejecutivo realizó de manera sistemática, acciones irregulares que afectaron el tratamiento, la prevención y el combate de la pandemia por Covid19, sobre todo en su fase crítica en el país. También, el Ejecutivo no tuvo un plan integral para el manejo de la pandemia.
Respecto al manejo de los datos estadísticos sobre los fallecidos, casos confirmados y de pruebas realizadas de Covid19, el Ejecutivo fue poco transparente, aseguró el informe aprobado por los parlamentarios la noche del jueves.
Otra de las conclusiones respecto a los datos, fue que el Ejecutivo durante la fase crítica de la pandemia, utilizó cadenas nacionales para exagerar y manipular las proyecciones matemáticas sobre la evolución de la enfermedad. Lo antes expuesto con el fin de infundir medio para intentar disciplinar a los salvadoreños.
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte incumplió el plazo para la entrega del proyecto de construcción de la fase 3 del Hospital El Salvador, la cual estaba prevista para finales del mes de julio del año pasado, donde sería según las autoridades de Gobierno un área de cuidados intensivos como alternativa en caso de colapsar el sistema sanitario del país; sin embargo, ahora, dicha fase 3 es el Mega Centro de Vacunación, siendo uno de los movimientos más cuestionados al Gobierno debido a que no se gastó con lo que se tenía proyectado.
Siempre con el Hospital El Salvador, se concluyó que pese a ser un centro de atención exclusivo para pacientes que adolecen de Covid-19, no cuenta con las pruebas RT-PCR necesarias para tamizar al personal de primera línea, ni a las personas que allí se recupera de la enfermedad.
Según el informe de la comisión, lo anterior genera en muchos de los casos, que en la causa de muerte de los pacientes se determinen con diagnósticos como neumonía atípica o sospecha de COVID, la información anterior fue confirmada por el subdirector de dicho centro de salud, el Dr Rudy Armando Bonilla Carranza durante la comparecencia a la comisión.
Los diputados que investigaron el manejo de la pandemia por parte del GOES, recomendaron al presidente de la República, Nayib Bukele, la destitución del ministro de Salud, Francisco Alabi, por las irregulares encontradas, la falta de transparencia y por conflicto de intereses.
También recomendaron al presidente Bukele, a los ministros, viceministros y demás funcionarios pertenecientes al Órgano Ejecutivo a que cesen los bloqueos a la información pública de carácter epidemiológica.
Recomendaron a las autoridades de Salud, que realicen un trabajo técnico sanitario, apartado de cualquier inclinación política que vaya en detrimento de los derechos humanos de los salvadoreños.
Este informe junto a audios y videos de diversas sesiones se mandará y se certificará a la Fiscalía General de la República, al Tribunal de Ética Gubernamental y a la Corte de Cuentas de la República, con el fin de que investigue el posible cometimiento de delito establecidos en los artículos 326 y 327 del Código Penal.
De igual forma se certificará copias del informe a los organismos internaciones como la OPS, a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Human Rights Watch y al congreso de los Estados Unidos.