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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Con 59 votos en pantalla y 2 a mano alzada, los diputados de la Asamblea Legislativa superaron el veto del presidente de la República, Nayib Bukele, al decreto que contiene reformas a la Ley del Presupuesto vigente para incorporar $354.2 millones para el pago de contrapartida del convenio de FOMILENIO II, el Fondo de Desarrollo Económico y Social (Fodes) y pago a veteranos de guerra.
Los parlamentarios argumentaron que estos temas están en la mano del Ejecutivo y que no quiere ceder a desembolsar estos fondos. En total son $354.2 millones de este decreto legislativo número 640, el cual está desglosado con $50 millones de contrapartida del convenio entre Estados Unidos y El Salvador, Fomilenio II, el FODES con $288 millones y $16 millones para pago de veteranos de guerra. Sin embargo, el Ejecutivo dice que estos fondos ya nos los tiene; que se ocuparon para otro ramo, ya que estos $354 millones pasaron en la Asamblea un tiempo pero que, por la negativa de los parlamentarios, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, decidió retirarlo.
Este dictamen favorable de superación de veto por parte de la Comisión de Hacienda que posterior fue aprobado por el pleno legislativo con 61 votos, generó diversas reacciones entre los mismos legisladores.
El jefe de fracción de Gana y presidente de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, Guadalupe Vásquez, manifestó que esos conceptos de “Fodes, FomilenioII y pago de veteranos” los hicieron los diputados sin autorización del ministro de Hacienda. Añadió que “nuevamente” los diputados les han mentido a los alcaldes y a Fomilenio por asignar fondos que ni siquiera están.
La jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, dijo que se tenía que superar el veto porque el presidente Bukele no resuelve ni el problema del FODES, ni veteranos, ni el de Fomilenio, causando un daño a la población que vive en los 262 municipios, a las familias de todos los veteranos, y por supuesto entrampando el desarrollo de FomilenioII y su conclusión, manifestó.
Yanci Urbina también del FMLN expresó que en el mismo veto que mandó “hay una confesión de parte de la Presidencia de la República de la violación a la Constitución, específicamente al artículo 131 numeral 8 que establece con toda claridad que la facultada para hacer aprobaciones de los fondos y las reformas presupuestarias que sean necesarias es la Asamblea Legislativa, comentó Yanci, debido a que dichos $354 millones fueron utilizados sin haberse asignado en el Congreso.
Mientras por el lado del partido tricolor, la diputada y miembro de la Comisión de Hacienda, Margarita Escobar dijo que “el veto significa que el presidente les dice no a los veteranos, le dice no al Fodes y le dice no a Fomilenio”. También cuestionó las declaraciones del Ejecutivo al decir que esos fondos ya no estaban, Margarita preguntó: «¿por qué no lo tiene?, ¿dónde está ese dinero? porque esta Asamblea es la única que puede incorporar dineros públicos al presupuesto”, informó.
Además, en la plenaria salió a relucir los $250 millones que pretende el Ejecutivo que le sean aprobados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde incluye los $50 millones para FomilenioII, por lo cual, Margarita Escobar dice que no se pueden aprobar dos veces el mismo gasto, lo catálogo como “absurdo”, y mencionó que lo único que tenía que hacer el Ejecutivo era sancionar el decreto y “cosa resuelta”.
Ahora, será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia quien decida que órgano tiene la razón. Instancia que deberá determinar la constitucionalidad o no de los mismos, según lo establecido en el art. 138 de la Carta Magna.
Por otra parte, y en atención a lo manifestado por el Órgano Ejecutivo en dichos vetos, en los que informa no contar con los recursos para cumplir con lo establecido en los decretos n. °781 y n. °782, el pleno legislativo, con 57 votos a favor y dos en contra, aprobó una resolución en la que se autoriza dar aviso a la Fiscalía General de la República de eventuales actos constitutivos de delito por parte de funcionarios del Órgano Ejecutivo, así como a la Corte de Cuentas de la República, para que realice una auditoría especial, a fin de verificar y constatar operaciones presupuestarias ilícitas.
