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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa prorrogó por octava vez el Régimen de Excepción, una medida que se ha vuelto permanente para presuntamente combatir a las pandillas; pero, ha sido el instrumento para violentar los derechos humanos de la población, sobre todo, en zonas vulnerables.
El Salvador ha estado bajo Régimen de Excepción desde el 27 de marzo, luego de un fin de semana violento; desde entonces el GOES ha pedido la prórroga para seguir capturado a “terroristas”. A la fecha, hay 57,568 personas detenidas; de esa cifra 843 son cabecillas de pandillas, 644 de la Mara Salvatrucha y 199 del Barrio 18.
De la ranfla nacional de la MS-13 nueve han sido detenidos de un total de 15. Además, se han incautado 1,862 armas de fuego, 2,276 vehículos, 13,556 teléfonos celulares y más de $1.4 millones en efectivo.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, respondió a los organismos internacionales que han cuestionado sobre las vulneraciones de DDHH durante la implementación del Régimen de Excepción, “ni el presidente ni el gabinete de seguridad ni ningún órgano de Estado le vamos a poner ni un ápice de atención. Nosotros nos entendemos y velamos por la seguridad de los salvadoreños, ustedes velan por la de los criminales; acá ya está el camino trazado”.
Algunos parlamentarios reaccionaron sobre la prórroga que haría la Asamblea, por ejemplo, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, adelantó que no votaría para extender la medida, ya que “debilita” el sistema de justicia.
“No voy a votar a favor de la extensión de un régimen que ya no es de excepción, estamos como los tiempos de la guerra, donde esta misma Asamblea Legislativa en los años 80s tenía que renovar mes con mes el Régimen de Excepción que teníamos durante el conflicto armado”.
Para la legisladora, en la era actual se debe trabajar por construir Estado de Derecho, justicia y que haya un debido proceso. “Si se han prevenido homicidios, que bueno, eso es importante, pero no a costa de la gente inocente, porque (el Régimen de Excepción) en lugar de fortalecer el sistema de justicia, lo está debilitando”.
El jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, aseguró que tampoco apoyaría la prórroga, ya que “ha causado zozobra, dolor y luto en las familias salvadoreñas”. Ante esto, el Estado calla, “no hay ninguna opinión de la gente que está demostrando con pruebas de que sus familiares son inocentes”.
