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Tanto de la Asamblea Legislativa como del régimen de excepción, el Gobierno de Bukele fue titular todo el 2024, pues los oficialistas le concedieron 12 prórrogas al régimen de excepción y otras leyes que quiso, como la reciente Ley de Minería.
Régimen de excepción
Una medida que iba a ser excepcional para “combatir frontalmente a las pandillas”, se ha convertido en una herramienta que no tiene fecha de caducidad y que, a su paso, ha violentado los derechos humanos de miles de personas sin vínculos delincuenciales, al menos así se puede describir el régimen de excepción luego de 1,010 días de haberse implementado y que en este 2024 fue noticia por las múltiples detenciones arbitrarias.
Así lo señalan no solo organizaciones nacionales que tratan el tema de derechos humanos, sino también organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han pedido en más de una ocasión la derogación del régimen de excepción, ya que violenta derechos humanos de salvadoreños con detenciones arbitrarias, abusos de poder por agentes policiales y militares, negación de libertad e incluso asesinatos dentro de las cárceles por negligencia de los custodios o por las mismas torturas que reciben. Según Socorro Jurídico Humanitario, en lo que va del régimen de excepción, se contabilizan 354 personas fallecidas dentro de los centros penales. Organizaciones nacionales como Cristosal, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, Socorro Jurídico Humanitario han reiterado las múltiples torturas que inocentes capturados han enfrentado dentro de las cárceles salvadoreñas.
El régimen de excepción se aprobó el 27 de marzo de 2022 luego de que se registraran más de 82 personas asesinadas; sin embargo, se conoció por medio de una investigación de El Faro que esto sucedió luego de una ruptura entre el pacto del Gobierno y las pandillas para reducir los homicidios durante la gestión de Nayib Bukele.
Hasta el momento, se ha informado la captura de más de 83 mil personas y hoy por hoy, el régimen se ha convertido en la herramienta propagandística favorita del Gobierno, pero también una herramienta para la represión social.
De hecho, el régimen de excepción sirvió todo el 2024 para intimidar a vendedores, organizaciones y a la misma población crítica hacia la línea oficial. Esta medida le sirvió a Bukele para su reelección inmediata pese a estar prohibida por la Constitución.
Numerosas marchas para exigir la liberación de inocentes capturados, arraigos presentados a Casa Presidencial, solicitud de derogatoria del régimen a la Asamblea, Habeas Corpus presentados a la Sala de lo Constitucional, solicitud de acompañamiento a la Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es lo que hubo en este 2024; sin embargo, esto, quedó en el aire, el Estado con sus dependencias les dio la espalda a los familiares de las víctimas del régimen.
Asamblea Legislativa una sede más de Casa Presidencial
La Asamblea, de mayoría oficialista, y ahora con 60 diputados en total, ha concedido todo lo que el Gobierno ha pedido, desde que los ciudadanos acepten cargos honoríficos en otro país, hasta la Ley General de la Minería Metálica.
Diputados de oposición han reiterado que la Asamblea se convirtió en una sede más de Casa Presidencial, ya que el cuestionamiento, el debate, estudio y análisis desaparecieron para solo “apretar botones”.
Dentro de todo el año, la Asamblea ha tenido importantes aprobaciones: las prórrogas al régimen de excepción, Ley de Protección de Datos Personales, aprobación de préstamos, reformas a la Ley de Presupuesto, reformas a la Ley de Tránsito y hasta la derogatoria de la Ley de Prohibición de la Minería para aprobar una nueva Ley que avala la explotación minera.
El trabajo de 2024 de la Asamblea Legislativa se caracterizó por ignorar a la población que en algún momento pidió audiencia como los vendedores, desalojados, expropiados, inocentes capturados, trabajadores despedidos, víctimas del conflicto armado entre otros sectores con luchas históricas.
La Asamblea también ignoró las propuestas que se formalizaron desde los diputados de oposición en tema de economía, vivienda, salud, justicia transicional, entre otros. De hecho, los oficialistas no aprobaron ninguna iniciativa de la oposición, a excepción de un pronunciamiento por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, propuesto por la diputada de ARENA, Marcela Villatoro en septiembre de este año.
También, se ha caracterizado por la falta de legislación propia, ya que semana a semana, esperan las normativas de Casa Presidencial. El trabajo legislativo también estuvo deficiente, tomando en cuenta que, en muchas ocasiones, las comisiones de trabajo no sesionaban o era únicamente leer y aprobar lo que CAPRES había mandado.
