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Bogotá/AFP
La guerrilla FARC de Colombia denunció el jueves el asesinato de uno de sus miembros, indultado en el marco del proceso de paz que busca superar medio siglo de conflicto armado, un hecho deplorado por las autoridades y que la Fiscalía prometió investigar con celeridad.
«Luis Alberto Ortiz Cabezas, de seudónimo ‘Pepe’, miembro activo de la organización de las FARC y beneficiario de la ley de amnistía e indulto» fue muerto por tres impactos de arma de fuego el domingo, hacia las 20H00 horas, en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, Nariño (suroeste), indicaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según el comunicado divulgado en redes sociales, el hombre «se encontraba en su casa, luego de haber salido de la cárcel de Vista Hermosa hace 15 días».
El texto está firmado por el comando de las FARC en la zona de desarme de los rebeldes en la vereda La Variante, en Tumaco, Nariño, departamento fronterizo con Ecuador y donde operan bandas criminales formadas de remanentes de grupos paramilitares, desmovilizados hace una década, así como disidencias de las FARC vinculadas al narcotráfico.
Tras la firma de la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre, los rebeldes se concentran en 26 puntos en todo el país donde, para fines de mayo, deben concretar su desarme y preparar su incorporación a la vida civil.
«No puede quedar impune»
«Colombia no puede permitir este tipo de afectaciones en medio de un proceso de paz», declaró a periodistas el fiscal Néstor Humberto Martínez, al anunciar que dispuso «lo pertinente para que de manera inmediata» se inicien las indagaciones para «establecer la autoría de ese crimen que no puede quedar impune».
La Defensoría del Pueblo, un ente estatal que vela por el respeto de los derechos humanos en el país, instó en tanto a las autoridades «a redoblar los esfuerzos para la protección de los miembros de las FARC en proceso de dejación de armas».
«El país no puede repetir la historia, ni permitir que se cometan crímenes en contra de personas que han decidido reincorporarse a la vida civil», enfatizó en un comunicado, en alusión al exterminio de miembros de la Unión Patriótica (UP) en los años 1980 y 1990, tras un fallido proceso de paz en 1984.
Entonces, unos 3.000 militantes de ese movimiento político de tendencia comunista fueron asesinados por paramilitares en connivencia con fuerzas estatales.
Un portavoz del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación (MMV) del cese al fuego con las FARC, en el que participan la guerrilla, el gobierno y la ONU, indicó que «está verificando» lo ocurrido.
«Gran riesgo al proceso»
El jefe máximo de la guerrilla marxista, Rodrigo Londoño («Timochenko»), advirtió sobre el peligro que esto supone para la paz sellada tras cuatro años de arduas negociaciones en Cuba.
«Incumplimiento al combate de paras es de gran riesgo al proceso. Pepe, las @FARC_EPueblo rendimos nuestro homenaje», escribió en Twitter.
El responsable de «este hecho criminal» es «un hombre apodado ‘Renol’, quien pertenece a un grupo armado y hace presencia en la zona», indicó el comando de las FARC en el sitio de desarme Ariel Aldana, autores del comunicado que dio a conocer la muerte de «Pepe».
Ante esto, «¿qué están haciendo las autoridades en cuanto al cumplimiento de los compromisos acordados, en el sentido de combatir las bandas paramilitares al servicio de las mafias que se constituyen en amenaza real para la ciudadanía y los guerrilleros y milicianos excarcelados?», señaló el texto.
Además, las FARC se interrogaron sobre las garantías con que cuentan «en cuánto a la protección» de su tránsito a «un partido político civil».
Nariño tiene 29.755 hectáreas sembradas de coca y Tumaco 16.960, según cifras de la ONU de 2015, año en el que Colombia se ratificó con 96.000 hectáreas como principal cultivador mundial de esa hoja, materia prima de la cocaína.
