Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Tegucigalpa/AFP
Un campesino fue asesinado en la zona del Bajo Aguán, noreste de Honduras, donde disputas por tierras entre pequeños agricultores y terratenientes han dejado más de 150 muertos desde 2010, denunció este jueves la Plataforma Agraria.
El miércoles, «José Alfredo Rodríguez, de 39 años de edad, miembro de la Empresa Campesina Gregorio Chávez, fue asesinado en la finca Paso Aguán, ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, mientras trabajaba en su pequeño cultivo de maíz», señaló un comunicado de la agrupación de campesinos.
Añadió que el cuerpo fue encontrado por un hijo que le llevaba comida al cultivo.
Familiares denunciaron que el campesino había recibido amenazas de miembros del ejército y guardias de seguridad de Corporación Dinant que permanecen en la finca Paso Aguán.
Las Fuerzas Armadas respondieron en otro comunicado que «carece de fundamentos (la información) responsabilizando» a la institución por «el fallecimiento del ciudadano José Alfredo Rodríguez».
Rodríguez formó parte del grupo campesino que en agosto pasado tomó la finca Paso Aguán y luego fueron desalojados por guardias, policías y militares.
Desde 2010 han sido asesinadas más de 150 personas en esa zona situada a unos 350 km al noreste de la capital hondureña, en una sangrienta disputa por fincas sembradas de palma africana.
Las muertes se iniciaron cuando miles de campesinos ocuparon las fincas que estaban en poder de terratenientes, incluyendo Dinant.
Los campesinos alegan que las tierras les fueron otorgadas en los años 80 como beneficiarios de la reforma agraria, pero una ley aprobada por el Congreso en los años 90 permitió a unos pocos dirigentes venderlas a los terratenientes.
Luego de las ocupaciones, los terratenientes contrataron guardias de seguridad y han contado con el apoyo del ejército y la policía para desalojar a los ocupantes.
Los campesinos estiman que han tenido alrededor de 130 muertos y los terratenientes más de 20. Los últimos dos guardias murieron en agosto.
El gobierno designó una comisión en la que participan operadores de justicia para investigar los crímenes. El organismo ordenó la exhumación de 18 cuerpos.
