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La violencia en Colombia no ha tenido tregua ni con el comienzo del nuevo año. El pasado miércoles, en un mismo día, fueron asesinados tres líderes sociales. Apenas dos días antes, había sido ultimada la primera activista de 2020.
La víctimas más recientes son Minerva Hernández Guevara, baleada en Algeciras, en el departamento del Huila (en el sur de Colombia); Emilio Campaña, asesinado en la vereda El Mango, y Carlos Alonso Quintero, quien fue acribillado frente a su esposa en la vereda de Caño Zábala, ambos crímenes ocurridos en el municipio Puerto Guzmán, en el departamento amazónico del Putumayo.
En el mismo municipio del Putumayo, dos días antes, el lunes, Gloria Ocampo, de 37 años, fue la primera activista social asesinada este año.
La necesidad de garantizar la vida de los líderes sociales ha sido una de las demandas de quienes han alzado su voz en la calles en las protestas que se iniciaron en el país en octubre de 2019.
¿Qué tenían en común?
Estas cuatro víctimas trabajaban en el seno de sus comunidades, según han informado los medios locales.
Tanto Hernández como Ocampo formaban parte de una Junta de Acción Comunal (JAC), que es una organización vecinal, en sus respectivos espacios. En cuanto a Campaña y Zábala, la única información que ha trascendido es que vivían en áreas rurales.
Respecto a los departamentos donde fueron asesinados, en el Huila, que conecta al centro y al sur del país, se disputan el control las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que han devenido en bandas criminales y de narcotráfico.
La muerte de Hernández Guevara en este departamento se suma a la ocurrida en diciembre, cuando el líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Reinaldo Carrillo fue asesinado a tiros por desconocidos que ingresaron a su vivienda en el municipio de Pitalito.
Con respecto al Putumayo, donde se concentran tres de los recientes asesinatos contra activistas, coexisten grupos disidentes de la guerrilla, bandas criminales y paramilitares. En la zona se desarrollan cultivos ilícitos y narcotráfico.
Voces de alerta
La Comisión de la Verdad ha pedido al Gobierno, presidido por Iván Duque, que tome las medidas necesarias para proteger a los líderes sociales del departamento del Chocó, en el noroeste, que han sido amenazados y cuya vida corre peligro.
El 3 de enero, el líder social Leyner Palacios, que obtuvo en 2017 del Premio Pluralismo Global por reivindicar los derechos y la lucha de las víctimas del conflicto, fue amenazado de muerte después de que denunciara la acción de grupos paramilitares en Boyajá, lo que ha obligado al confinamiento de los pobladores de la zona para evitar represalias.
Palacios, quien fue recibido por Duque, le pidió al mandatario más acciones para resguardar a la población.
Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Fernando Navarro, informó que 70 uniformados se sumarán a los 600 militares que integran el batallón que se encuentra en Bojayá. Sin embargo, estas acciones son criticadas por quienes consideran que la militarización no es la solución para atacar la raíz del problema.
El tema de la violencia también preocupa a la ONU. A finales de 2019 se publicó el ‘Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia’ donde se afirmaba que los «líderes sociales y las personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en las zonas rurales, continúan siendo blanco de violencia e intimidación por parte de grupos armados ilegales, organizaciones criminales y cárteles de la droga».
En el texto, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, hacía énfasis en la necesidad de «adoptar medidas más efectivas para proteger la vida a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos y a los excombatientes».
Cifras rojas
Hasta la primera semana de septiembre, 155 líderes sociales habían sido asesinados en el país suramericano mientras que desde 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las extintas FARC, han sido ultimadas 777 personas, según informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Según este mismo informe, 89,03 % de las muertes fueron causadas por desconocidos y su responsabilidad penal no ha sido establecida. Sin embargo, el fiscal general, Fabio Espitia, afirmó que ese organismo «ha logrado un principio de esclarecimiento del 52,3 %».
