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Por Yemeli Ortega
México/AFP
Obtener información oficial sobre las investigaciones de asesinatos de periodistas parece misión imposible en México, donde las autoridades usan la indiferencia y astucias jurídicas para evadir a reporteros que intentan documentar las decenas de homicidios -aún impunes- cometidos contra sus compañeros.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo con más de 100 reporteros asesinados desde 2000.
Solo en lo que va de 2017 se han perpetrado cinco homicidios de periodistas: Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez y Javier Valdez.
Más del 90% de estos crímenes no ha sido resuelto por las autoridades, e incluso estas mismas autoridades -federales, estatales y municipales- son señaladas de cometer 60% de las agresiones (amenazas, secuestros, golpizas) que sufren periodistas, según organismos defensores de la libertad de expresión.
Comprobar la eventual implicación de autoridades en los asesinatos es aún más complicado porque los periodistas -muertos- ya no pueden contar quién los atacó, explica a la AFP Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
México vive bajo el yugo de los cárteles del narcotráfico y las bandas del crimen organizado, que en muchas ocasiones operan con la connivencia de autoridades corruptas.
«El hilo es muy delgado» entre criminales y autoridades corruptas, «sabemos que hay de pronto esas colusiones», asegura la activista.
Antes de morir, Pineda y Rodríguez trabajaban en notas policíacas. Breach cubría el conflicto armado entre dos líderes de sicarios y Valdez documentaba la guerra interna entre varias facciones del poderoso cártel de Sinaloa.
Para Leopoldo Maldonado, oficial del programa de protección y defensa de Artículo 19, «la impunidad ha generado un aliciente sumamente perverso para que los asesinatos o desapariciones (de periodistas) sigan sucediendo».
Artimañas de las autoridades
Después de cinco periodistas asesinados en lo que va de 2017, la impunidad sigue siendo la constante pues ninguno de estos crímenes ha sido resuelto.
Y al tratar de investigar los expedientes, la AFP encontró enormes dificultades para acceder a información oficial.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende de la fiscalía general, no tuvo disponibilidad para dar cifras o entrevista, mientras que la mayoría de las fiscalías de los estados donde se perpetraron los asesinatos rechazaron revelar sus avances.
Las fiscalías locales «siempre argumentan que no pueden revelar información de las investigaciones» en curso, pero lo que sucede en general es que «no han hecho gran cosa», coincide Flores.
El fiscal especial de delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez, se negó este miércoles a dar detalles sobre la investigación del caso Valdez, argumentando su «responsabilidad de guardar la secrecía».
«Hay evidencias, hay pistas», se limitó a decir a Radio Fórmula.
Además, las autoridades no dan prioridad a la profesión periodística como móvil del crimen y suelen asumir que se trata de un robo, crimen pasional o incluso que los periodistas están involucrados con criminales.
«Sin investigar, se atreven a hacer ese tipo de afirmaciones públicas de una manera totalmente irresponsable», lamenta Flores.
En el caso de Valdez, las autoridades aludieron en un principio a un robo de auto.
Aún más grave, en varios casos de años anteriores las autoridades han detenido a «asesinos confesos», pero se demostró que esas confesiones «fueron obtenidas a través de la tortura» y las conclusiones «no están basadas en pruebas científicas», explica Maldonado de Artículo 19.
La fiscalía de Chihuahua cerró las investigaciones del caso Breach pese a que los sospechosos están prófugos.
En el «abismo»
En mayo, tras el asesinato de Valdez, 39 medios mexicanos y extranjeros expresaron su indignación en un pronunciamiento conjunto, mientras numerosas manifestaciones se organizaron en los estados donde han sido asesinados reporteros este año.
Presionado, el presidente Enrique Peña Nieto abordó por primera vez la rampante violencia contra periodistas, convocó una reunión extraordinaria con los gobernadores del país y prometió «medidas extraordinarias».
De su lado, la fiscalía general ofreció el martes una recompensa de cerca de 81.500 dólares por pistas que lleven hasta los asesinos de Pineda, Valdez, Rodríguez y Breach.
«Hay una buena intención pero deja mucho que desear, porque en los hechos no se ve esa voluntad» de las autoridades, estima Flores. «En México, navegamos en ese limbo. Y entre la voluntad y los hechos hay un abismo».
