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Carlos Hernández
Se ha conocido y celebrado en los primeros días de diciembre que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) contratará los servicios del exalcalde de New York, cialis Rudolph Guiliani, rx a quien se le denomina “experto en seguridad” por haber aportado medidas efectivas contra la delincuencia en la ciudad estadounidense en la década de los noventa. Al parecer realizará a partir de enero próximo un estudio sobre la situación salvadoreña para, tadalafil a partir del diagnóstico, sugerir medidas que se discutirían en el Consejo Nacional de Seguridad, creado con el fin de ser un espacio de encuentro entre diferentes organizaciones para colaborar con el gobierno en la lucha contra el flagelo delincuencial actual.
El costo económico que tendrá la asesoría no se ha precisado. Especular cantidades precisas es difícil, pero está claro que el “experto en seguridad” no trabajará por amor a la sociedad salvadoreña y se hará de una considerable cantidad de dólares por los servicios prestados. El gobierno hace bien en aceptar este tipo de ofrecimientos, más si viene de una organización que se ha tomado en serio jugar a ser oposición política desde que Arena perdió el Ejecutivo. Que ahora aporten algo en concreto es sorprendente, aunque lo ideal sería que como empresas privadas jugaran un rol más apegado a las exigencias de un Estado Moderno, donde pagar impuestos no debiera ser motivo de armar escándalos o evadirlos con artimañas publicitarias, sino un modo de ser empresarial. Además de procurar condiciones laborales y salarios acorde a la justicia (dar a cada quien lo que merece).
El tema de la violencia es complejo y requiere de mucha reflexión para tomar las mejores medidas para no terminar por crear medicinas que sean peores que la enfermedad. En este sentido, han existido personajes con una claridad sobre la situación del país que en sus escritos se pueden encontrar ideas sobre cómo enfrentar de raíz el problema de la delincuencia común, del crimen organizado, del narcotráfico o de las mismas maras o pandillas. Acudir a sus ideas requiere un esfuerzo intelectual e investigativo para descubrir aquellas que orientan sobre cómo resolver el problema. Aquí se menciona una propuesta precisa y concreta elaborada por Ignacio Ellacuría.
Probablemente fue a finales de 1976 cuando escribió un artículo titulado Tres tareas urgentes, disponible en el Archivo Ignacio Ellacuría, que el pasado 14 de noviembre fue incorporado al Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco, en reconocimiento por su importancia histórica. En este texto, el jesuita nacionalizado salvadoreño, plantea que una medida urgente y necesaria estaba relacionada con uno de los órganos del Estado, el encargado de hacer justicia: se debía “establecer en El Salvador un Poder Judicial al que los ciudadanos y los grupos sociales puedan acudir con la absoluta seguridad de su celo por el derecho y la ley, de su pasión por la justicia que va más allá de la ley escrita y de su poder frente a los otros poderes del Estado y las otras presiones de la sociedad… Si el gobierno del país no solo no permite sino que no promociona el que esto se dé, estará de nuevo impidiendo que El Salvador avance, que El Salvador salga de su actual estado crítico”.
Se señala así una clave para enfrentar adecuadamente la problemática de la seguridad hoy. Mientras el Órgano Judicial no funcione adecuadamente, por más Mano Dura que se implemente, por más asesoría de “primer mundo” que se tenga, serán medidas superficiales. Si no se depuran a jueces corruptos y antiéticos, que mandan a su docimicilio a personajes con influencias ajenas a la justicia e implicados en ilícitos; si la Fiscalía General de la República (FGR) sigue siendo una institución deficiente en investigaciones que resuelvan los delitos numerosos que suceden a diario en el país; mientras no haya ni pronta ni justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad o de delitos en general; mientras funcionarios públicos caigan en la corrupción y sigan violando la legalidad a su antojo; este país será el reino de la impunidad. Por ello es que Ellacuría hizo énfasis en esta medida hacia el Órgano Judicial. Es una parte fundamental para que el Estado en su conjunto funcione adecuadamente. De lo contrario, si la expresión del Estado que persigue el delito es débil, genera un clima de violencia donde los victimarios intelectuales y materiales tienen un margen de acción grande para sus crímenes sin que tengan un freno. En esto Ellacuría tiene aún hoy mucho qué decir para orientar a la opinión pública y al mismo gobierno. El Consejo pudiera invertir mucho menos dinero para encontrar en sus análisis alternativas para resolver este y otros graves problemas del país con eficacia. Sirva esta columna de opinión como una sugerencia hacia quienes conforman ese espacio para que se tomen en serio los textos de coyuntura elaborados por este intelectual realmente comprometido con el interés de las grandes mayorías populares.
