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@SilviaCoLatino
Las organizaciones que integran a la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) presentaron su apoyo total a la propuesta de ley que busca prohibir de forma definitiva los proyectos mineros y exigieron a las fracciones legislativas representadas en el primer órgano del Estado, a no postergar más, un marco jurídico que erradique esta industria extractiva en el país.
Ana Isabel López, del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), exhortó al Ejecutivo a promover y gestionar también la aprobación de esta nueva ley, en el seno del órgano Legislativo.
“Llamamos a todas las organizaciones populares, sectores sociales y población en general a respaldar la propuesta de ley de la minería metálica y exigir a la Asamblea Legislativa su pronta aprobación”, dijo.
Magdalena Cortéz, de FUMA, consideró que la discusión de una nueva Ley de Minería era un momento propicio para que los partidos políticos que “pregonan” en sus discursos el bienestar de la población en general, lo demostraran de forma contundente con su prohibición total.
“Esto pasa por una voluntad política y por dejar los intereses económicos a un lado; pasa por pensar en la gente y los recursos ambientales del país, que están ya bastante deteriorados.
Si hay cuatro partidos políticos que están dispuestos a dar sus votos entonces perfectamente pueden aprobar una ley de prohibición minera, que si hacemos un balance de los daños que ha generado la industria minera, podemos poner en claro que esto triplica la inversión económica, a la que han hecho en el país”, argumentó.
Mientras, el Padre Rutilio Sánchez reiteró en su mensaje que las transnacionales sin importar sus nombres o procedencia, nunca abonarán al bienestar de la población y mucho menos, cuidar del medio ambiente donde se encuentran las vetas de los minerales y metales preciosos.
“Ellos hacen gran propaganda, pero nunca hablan de lo que se llevan; este pueblo como dijo Monseñor Romero no tiene problemas de fe, tiene problemas de hambre. Nos mienten diciendo que la minería va a traer desarrollo y buena economía, lo que no puede ser posible porque solo deja un 2% de ganancias y se lleva el 98% del Capital, dejando las tierras destrozadas y envenenadas por todo el cianuro que dejan y destruye las comunidades”, señaló.
En cuanto al trabajo de la Fiscalía General de la República y el retraso en el pago de los 8 millones de dólares al Estado salvadoreño ordenado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) a la transnacional OceanaGold/PacificRim, Margarita Posada consideró que ya se tendría que haber embargado bienes o allanado sus oficinas por incumplimiento de la sentencia.
