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José Melara
@DiarioCoLatino
La Asociación Social por la Gobernabilidad y Justicia (ASGOJU) presentó hoy ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una denuncia en contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional por violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la implementación de la medida cautelar en contra del SITRAMSS.
“La denuncia se refiere a la medida que la Sala de lo Constitucional emitió hace un par de semanas en contra del SITRAMSS. En nuestra opinión, esto vulnera derechos de la población, los que usan el transporte público, pues ellos tienen derecho a tener un transporte público de calidad, seguro y sin violencia, compatible con los derechos de las personas con discapacidad. Violenta el derecho al desarrollo integral de las personas. Esto se relaciona con la seguridad, la integridad física, entre otros”, declaró Leonel Herrera, representante de ASGOJU.
De acuerdo al escrito presentado por ASGOJU, la medida cautelar violenta también derechos como la igualdad, la no discriminación por razones de discapacidad, la libre circulación, la seguridad personal, la salud, tanto física como mental, y el acceso a medios de subsistencia y vida digna. Y, ya que es deber de la Procuraduría velar por el respeto y la garantía de los Derechos Humanos, ASGOJU ha solicitado que esta institución solicite a los magistrados un informe sobre la medida cautelar emitida con respecto al SITRAMSS.
Margarita Posada, también representante de ASGOJU, dijo que para las mujeres esta medida es un retroceso en algo que representa el acceso al transporte público libre de violencia para las mujeres. “Parece que todo lo que se hace en favor de la clase trabajadora es inconstitucional”, afirmó.
Entre otras cosas, mencionó que ese carril no solo funcionaba para que el transporte circulara, sino que las ambulancias también lo utilizaban para ejecutar de manera efectiva su trabajo y poder atender emergencias.
Dentro de la petición también se incluyó que la Procuraduría declare por establecida la violación del derecho humano al desarrollo y sus derechos conexos y, por lo tanto, emita una resolución de censura pública contra las actuaciones de los cuatro magistrados por violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
