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@JoakinSalazar
Admisión de demanda afectaría directamente a 260 mil trabajadores. La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) llegó hasta la oficina de recepción de escritos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedir a los magistrados de dicha entidad no admitir una demanda de inconstitucionalidad contra el Consejo Nacional de Salario Mínimo (CNSM).
La Alianza Social por la Gobernabilidad exige que los magistrados deben regresar la institucionalidad a la Sala de lo Constitucional y no aceptar una demanda tan negativa para la población. “No permitan que los sigan utilizando con agenda política y económica”, pidió Onidia Gómez, representante de ASGOJU.
El 22 de diciembre, Víctor Ernesto Rodríguez, Ramón Alberto Rivera y Walter Israel Shneider, (representantes de la Asociación Salvadoreña de Industriales –ASI-) interpusieron una demanda de inconstitucionalidad alegando que el actual Ministerio de Trabajo ha violado el Código de Trabajo y la Constitución al conformar el Consejo de Salario Mínimo, alegando que los únicos representantes en el Consejo deben ser sindicalistas de la empresa privada. “El Actual Consejo Nacional de Salario Mínimo garantiza la participación de los trabajadores sin injerencia de los patronos en su organización y toma de posiciones. La Elección de miembros del Consejo contó con una votación con carácter público. Retiraron papeletas de votación un total de 274 organizaciones de trabajadores y 26 patronales”, explicó Gómez. De igual manera, afirmó que dicho proceso puso fin a 19 años de participación en el Consejo, de Miguel Ángel Ramírez, y los siete años de José Israel Huiza, ambos supuestos representantes del sector trabajador, no obstante, han sido señalados por diversos sectores sociales de haber recibido dádivas a cambio de votar a favor de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Para ASGOJU, por primera vez se votó libremente de parte de la representación sindical y del sector trabajador, llevando la democracia a las instancias tripartitas lo cual es fundamental para reducir la desigualdad y construir una sociedad más equitativa y justa.
Por otro lado, ante la supuesta admisión de la ANEP para pagar el salario mínimo acordado de $300 dólares para el sector comercio e industria y $250 para el sector agrícola en todos sus rubros, Leonel Herrera, miembro de ASGOJU, denunció que actualmente existen presiones para que está semana, se admita la demanda contra el salario mínimo y se interpongan medidas cautelares que impidan la aplicación del mismo.
“Sabemos que hay presión de sectores empresariales para que la Sala resuelva. En estos días quieren que la Sala les resuelva antes de hacer la planilla de la primera quincena del mes de enero, por lo que está semana será crucial”, explicó Herrera.
De acuerdo al escrito del Consejo Nacional de Salario Mínimo la nueva tabla de salarios aprobada entró en vigencia el pasado uno de enero, por lo que el 15 de enero será aplicada a la primera quincena, objetivo que quieren impedir los empresarios, dado que ellos proponían un aumento de nueve centavos diarios, sin embargo, el actual acuerdo establece un aumento de un dólar con 80 centavos diarios.Además, dijo que la demanda de inconstitucional interpuesta por la ASI es una “Changoneta”, forma para describir las diversas irregularidades de la demanda, puesto que está escrita de forma incomprensible, “parece más un relato, no se logra determinar si son trabajadores o son empresarios los que interpusieron la demanda”.
Para esta semana, las organizaciones sociales advierten que habrá manifestaciones de apoyo al Consejo Nacional de Salario Mínimo y del incremento al salario mínimo; de la misma forma entidades como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) emitió un pronunciamiento de apoyo al incremento al salario mínimo.
Margarita Posada, representante de ASGOJU, recordó que en El Salvador la canasta básica es de $400 dólares, por lo que el salario mínimo aprobado aún queda en deuda. “Consideramos que el nuevo salario mínimo es un incremento importante, con mucha tristeza vemos la reacción de la empresa privada. 160 familias en el país concentran el PIB y estas mismas familias no quieren reconocer un salario digno a los trabajadores que les ayudan a mantener esa fortuna”.
