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José Melara
@DiarioCoLatino
Luego de haberse manifestado frente al Monumento a la Constitución y poner una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Alianza Social por la Gobernabilidad y Justicia se presentó en las oficinas de la Fiscalía General de la República para presentar un aviso de investigación de los posibles delitos de prevaricato y actos arbitrarios, cometidos por los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Leonel Herrera, representante de ASGOJU, comentó que dichos delitos están tipificados en el código penal, en los artículos 310 y 320 respectivamente. La denuncia se refiere, de manera específica, a la implementación de la medida cautelar en contra del SITRAMSS.
“Nosotros consideramos que se han cometido estos delitos por un acto arbitrario, un acto que no tiene fundamento en la legalidad. Los magistrados deciden incorporar una medida cautelar que había rechazado en dos ocasiones, sin que hubiera nuevos argumentos, sin que hubiera cambiado la realidad denunciada. Implementan la medida cautelar en contra de un proyecto que es emblemático, que busca modernizar el sistema de transporte del país, que estaba beneficiando a la población y que por tanto hay un atentado contra los derecho de la población”, agregó Herrera. Héctor Castro, también representante de ASGOJU, comentó que con el acto de prevaricato, se refieren a cuando un funcionario público, a sabiendas, dicta una resolución contraria a la ley, fundada en hechos falsos, por interés propio o sobornos. Y la sanción, agregó, consiste de tres a seis años de cárcel, con el mismo tiempo inhabilitado del cargo.
“Consideramos que este acto tipifica en estos dos tipos delictivos que establece nuestra legislación penal. Por supuesto que la Fiscalía, en sus investigaciones y en sus consideraciones jurídicas, puede incorporar otros ilícitos penales, pero por lo menos nosotros consideramos que estos dos delitos habrían sido cometidos por los magistrados al implementar de manera arbitraria y antojadiza, como una represalia y como una venganza porque les habían pedido que se recusaran de conocer el caso.
Eso es lo que venimos a poner en consideración del señor Fiscal General de la República, que ojalá actuara de manera coherente con su responsabilidad constitucional”, añadió Herrera. “Hemos visto casos donde el fiscal no ha hecho nada. Es importante que él sienta la presión de la sociedad civil y lo que clamamos es por justicia. No puede ser que en nuestro país estos cuatro personajes sigan violentando los preceptos que la constitución les dice que deben de tener. Y ahora, pues, esperamos que por lo menos investigue, resuelva y diga algo. No puede ser que sigan actuando de manera impune, con actos arbitrarios como lo que nosotros consideramos que han venido actuando”, finalizó Margarita Posada, representante de ASGOJU.
