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La Asociación Salvadoreña de Industrial (ASI) hizo público el retraso del Gobierno en el pago del subsidio eléctrico a las distribuidoras que ofrecen servicios a los usuarios que consumen menos de 99 kwh.
La gremial estimó que “el monto adeudado asciende a $32.3 millones de dólares y corresponde al período de Junio a Octubre 2016, y a finales del presente año ascenderá aproximadamente a $46 millones de dólares incluyendo el subsidio de los meses noviembre y diciembre”.
Por lo tanto, la “ASI solicita al Gobierno de El Salvador que establezca de manera urgente medidas para resolver esta situación, destinando los recursos necesarios para el cumplimiento del pago a las distribuidoras eléctricas, o en su defecto, la modificación en la forma de pago del subsidio sin intermediación de las empresas distribuidoras de electricidad”, dice el comunicado emitido una semana después de que el Gobierno y la representación laboral aprobaron el aumento al salario mínimo.
Además, el miércoles pasado una representación del sector industrial presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) del que afirman “es ilegal” al tener como miembros a representantes del sector de sindicatos de instituciones públicas, dado que ellos consideran que la representación “debe ser de empresas privadas”.
Callan sobre elusión y evasión
Sin embargo, la evasión fiscal de la empresa privada desde gobierno de ARENA con casos como CEL ENEL y ex presidente Francisco Flores, supera los 1,200 millones de dólares y una veintena de leyes permite la elusión.
En este sentido, un estudio socio económico publicado este año por del departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), reveló que la evasión y la elusión fiscal privan al Estado salvadoreño de ingresos por más de $1,513 millones anuales.
La suma, en términos porcentuales, representa el 50% de la recaudación tributaria. En el año 2015, solo en incentivos de exoneración de aranceles para las exportaciones, se evadieron $400 millones, afirmó el documento.
Asimismo, el estudio determinó que las empresas en el país evaden el 50% del Impuesto Sobre la Renta (ISR). A esto se añade la apropiación indebida del IVA para hacer un total de $1,513 millones que no ingresan a las arcas públicas. Según el documento, en concepto de impuesto sobre la renta la cantidad no pagada es de $800 millones y, la apropiación de IVA es de $713 millones.
Datos de Oxfam El Salvador sostienen que, debido a estos mecanismos en América Latina y el Caribe, los Estados dejan de percibir más de $200,000 millones al año, es decir, un 4.1% del PIB de la región, cifras con las que se podría duplicar la inversión pública en salud.
