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Redacción Nacionales
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El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, reaccionó luego de la finalización del caso denominado como “Tregua”, donde la Fiscalía General de la República (FGR) pide 16 y 20 años de cárcel para el exmandatario y para el exministro de Seguridad, David Munguía Payés, respectivamente, por haber presuntamente negociado con pandillas para reducir el número de homicidios.
Es de contextualizar que el Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador finalizó la fase de alegatos y programó el fallo sobre el juicio del caso tregua para el próximo 9 de junio, a las 10 de la mañana. En esa instancia se podría conocer si los imputados en cuestión son absueltos o condenados.
“El viernes pasado concluyó la audiencia en el caso Tregua. La FGR, sin haber presentado pruebas de los delitos imputados, solicitó 16 años de cárcel para mí y 20 años para el general Munguía Payés. Así como son arbitrarias las imputaciones, también lo son las penas solicitadas”, destacó el expresidente vía Twitter.
Justamente, el ministerio público solicitó al juzgado 16 años para el mandatario, siendo estos, 8 años por el supuesto delito de agrupaciones ilícitas y los otros 8 años por el supuesto delito de incumplimiento de deberes. Para Munguía Payés también se pide la condena a 16 años de cárcel por esos mismos dos delitos; sin embargo, la FGR pide otros 4 años de cárcel por el presunto delito de actos arbitrarios.
Para el exmandatario de la República, el ministerio público no pudo sustentar los delitos que atribuía. “Para ser acreedor de 8 años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas la FGR tendría que haber demostrado que yo formo parte de una organización criminal y que soy uno de sus cabecillas. Nada de eso pudo probar. Tampoco probó el delito de incumplimiento de deberes”, destacó Funes en las redes sociales.
En la fase de alegatos, el ente fiscal afirmó que, con las declaraciones de los testigos, más las presuntas pruebas documentales y periciales, lograron quebrantar la presunción de inocencia tanto de Funes como de Payés.
La FGR sostuvo que los delitos de incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas fueron cometidos por ambos procesados, ya que presuntamente promovieron, facilitaron y ayudaron a estructuras terroristas o popularmente llamadas maras o pandillas a que obtuvieran facilidades en los centros penales a cambio de reducir el número de homicidios para así mejorar la imagen del GOES de ese entonces.
La defensa pública de Mauricio Funes dijo que la FGR no logró quebrantar la inocencia del imputado. En el caso de agrupaciones ilícitas no se demostró que Funes haya pertenecido a alguna pandilla que participó en el proceso de la tregua. Además, dijo que ninguno de los testigos logró probar con documentos o de vistas que el exmandatario dio las órdenes para las facilidades a los pandilleros en los centros penales. Sobre el otro delito, el de incumplimiento de deberes, la defensa afirmó que Funes no tenía facultades para autorizar traslados de pandilleros o de permitir a gente civil a los centros de detenciones.
“Según la Ley Penitenciaria, los funcionarios que autorizan traslados de reos, ingresos de objetos que pudieran ser considerados ilícitos, además de ingresos de personas sin registro son el director de penales, el juez de vigilancia penitenciaria y los consejos criminológicos”, aclaró Funes.
“Ni el presidente de la República ni el ministro de Seguridad tienen competencia en esas decisiones. Por tanto, no nos pueden hacer responsables de alguna ilegalidad en competencias y facultades que por ley no tenemos”, concluyó Funes.
Sobre este tema, uno de los mediadores de la tregua entre las pandillas, el periodista y columnista de El Diario de Hoy publicó el cinco de mayo que “…es la tercera vez que se realiza este mismo juicio, con los mismos argumentos de los fiscales y con los mismos testigos dando los mismos testimonios. Ya en el primer intento de la fiscalía, en agosto del 2017, en aquel entonces dirigida por Douglas Meléndez, fue obvio que se trataba de un juicio político. Para ser más preciso: el intento de enjuiciar penalmente una política pública. Por tanto, no fue sorpresa que el juez Godofredo Salazar desestimara las acusaciones. En aquel entonces, todavía había jueces independientes y valientes.”
“Una cámara ordenó repetir todo el juicio. Le tocó el turno al siguiente fiscal general, Raúl Melara. Si él hubiera revisado bien este caso heredado de Luis Martínez y Douglas Meléndez, se habría dado cuenta que no tiene fundamento sólido y se ahorrado una humillante derrota. En una columna del 25 de abril 2019 escribí: “El mismo juicio, con las mismas acusaciones manipuladas, con los mismos fiscales, con los mismos testigos, con la misma ausencia de pruebas, con los defensores ya prevenidos, ¿en qué va a terminar? En lo mismo.” Y así fue. La segunda vez fue una farsa que daba pena. Y el resultado fue el mismo: Todos los 19 acusados fueron nuevamente absueltos. Todavía había jueces
independientes y valientes.
“Ahora presenciamos la farsa de una tercera edición del mismo juicio. Con una gran diferencia: Los jueces y magistrados independientes y valientes han sido removidos o intimidados. Por más absurdo que parezca, la fiscalía, ahora conducida por Rodolfo Delgado, quiere revancha y presenta la misma acusación dos veces fallida, sólo que esta vez apunta a la cúpula: Los acusados ahora son el ex presidente Mauricio Funes y el ex ministro de seguridad David Mungía Payes. Hoy está en la mira explícitamente la política pública de Seguridad que estos dos implementaron en 2012/2013”, agrega Luers.
