Así de mal estamos

Lourdes Argueta
Abogada

Como dicen los Guaraguao, “Pobrecito mi País, una clara explicación pide el pueblo con razón”, porque nos gobiernan como si el país fuera su finca, en el que solo disponen sin tomar en cuenta los intereses o necesidades reales de la población, sin medir las consecuencias de sus decisiones. Lo cierto es que todo se conoce muy superficialmente, hay mucha discrecionalidad, no hay transparencia, ni rendición de cuentas de nada, y pretenden mantener el apoyo de la población simplemente por “fe”.

En materia legislativa, ahora podrán reformar la constitución sin ninguna demora, y al estilo que les caracteriza, en el que parecieran estar improvisando, porque presentan las iniciativas hasta con dispensa de trámite, pero lo hacen para evadir un debate de cara al pueblo, y porque los diputados de su bancada legislativa no tienen ningún compromiso con los intereses populares, más que con las órdenes emanadas desde casa presidencial. Saben muy bien cada paso que dan, y necesitan aislar al pueblo de lo que deciden, porque al pueblo solo le comunican la narrativa que deben creer y reproducir.

A nivel presidencial, en lugar de ofrecer algún tipo de exportación comercial para dinamizar la economía y a los sectores productivos, lo que le ofrece al secretario de Estado del gobierno estadounidense en su reciente visita fue alquilar la Cárcel de Confinamiento del Crimen Organizado, para recibir criminales y población migrante de cualquier nacionalidad. ¿Qué esperan? Que los salvadoreños nos sintamos orgullosos por esa gran oferta, cuando sabemos que esa medida de llegarse a consumar implicará un mayor impacto el sistema carcelario de nuestro país.

Parece ser que el tema del hacinamiento carcelario no es algo que el gobierno salvadoreño pretenda resolver. De acuerdo con las indagaciones realizada por organizaciones sociales del país, para el mes de enero del presente año, se registra un total de 114,244 privados de libertar en todos los centros penitenciarios del país, a excepción del CECOT, lo cual representa un 365% que sobre pasa la capacidad de alojamiento de reclusos.

Estas condiciones de sobrepoblación sabemos que conllevan no solo limitaciones a la circulación ambulatoria al interior de los recintos, sino que, además, son ambientes propicios para la insalubridad y reproducción de virus y bacterias, no teniendo el Estado la capacidad de garantizar toda la atención médica necesaria, e implica también carencias en la alimentación.

De acuerdo con esta situación, El Salvador no cuenta con las condiciones reales para recibir a reclusos provenientes de otras nacionalidades. Otro punto que debe analizarse con atención respecto a esta propuesta, es el impacto al interior del CECOT: mezclar a los criminales salvadoreños con los de otros países. En este sentido, el mandato constitucional del artículo 27 que establece literalmente que el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos, no se está cumpliendo como corresponde, y ante este anuncio, sabemos que la situación se puede volver más compleja.

Probablemente, este no sea un tema del que toda la población salvadoreña muestre interés en conocer, lastimosamente hay limitantes para concientizar como es la vida carcelaria e identificar las graves violaciones a derechos humanos en las que incurre el Estado salvadoreño, también porque históricamente no se han difundido las normativas de derecho nacional e internacional sobre los derechos humanos, lo que implica una limitante para desarrollar una cultura en defensa de los derechos humanos y una naturalización de la violación a los mismos.

Entre otros temas que ameritan de mayor información, está como materializarán el acuerdo recién firmado con el gobierno estadounidense para el desarrollo de infraestructura nuclear, lo que cual puede tener un impacto de gran magnitud para la salud y medio ambiente, producto de la radiación ionizante y residuos radioactivos que produce y que perduran por cientos de años. No sabemos exactamente los alcances que pueda tener y es natural pensar en la protección de estos bienes jurídicos como son la vida y la salud. Es importante que se den a conocer las medidas o protocolos de prevención de riesgos, la ubicación de infraestructuras, en atención a que nuestro país es pequeño territorialmente y densamente poblado.

Este es un tema que amerita mayor debate y consenso social, pero que como muchos otros, solo nos enteramos que se ejecutarán. Ese es el estilo de gobierno que tenemos, que se impone por encima de los intereses que se puedan ver afectados. Igualmente, como pasa con la minería, que han trazado un camino para su ejecución y también buscando quedar impunes ante la justicia, por los efectos colaterales que eso generará en la salud y la vida de presentes y futuras generaciones.

El mayor interés del oficialismo es como conseguir más dinero para gastar, pero no en trabajar por hacer producir nuestras tierras y elevar el nivel de exportación agrícola, para mencionar un sector que puede desarrollarse más si el gobierno lo asumiera con mayor responsabilidad. Los agro-mercados no son la solución estructural a los altos costos y sabemos que han sido creados para favorecer a unos cuantos productores en detrimentos de cientos de productores agrícolas que no cuentan con ningún incentivo ni facilidades de ningún tipo.

¿Vivimos realmente en democracia? Porque es justamente en nombre de la democracia que se cometen una vastedad de atropellos. Mientras se siga reproduciendo esa concepción de democracia “representativa” estaremos a merced de lo que cada gobierno imponga de acuerdo a sus intereses y no de acuerdo a lo que el pueblo demanda según sus necesidades y aspiraciones. Por eso le temen a la democracia de base, a la democracia popular y participativa, porque saben que mientras la gente participa empieza a conocer información y a generar inquietudes y a tomar posición.

Anular cualquier forma de participación de la sociedad es la clave para que impere la impunidad y se consoliden formas de gobierno autoritarias.