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Gloria Silvia Orellana
@SilviaColatino
La captura de los gobiernos centroamericanos en la lógica neoliberal de poderes corporativos extranjeros, la usurpación de los territorios en el abuso de los bienes naturales y el incumplimiento de marcos jurídicos que garantizan los derechos a la consulta previa y la participación de los pueblos ancestrales y comunidades, fundamenta la lucha social que impulsa la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), explicó, en exclusiva a Diario Co Latino, Pedro Cabezas.
Pedro Cabezas, que coordina desde CRIPDES en El Salvador el trabajo regional de ACAFREMIN, señaló que seguirán acompañando a las comunidades donde haya afectaciones por las empresas mineras.
¿Cuál es la situación de las comunidades frente a las transnacionales en la región?
-Lo que pasa es que no hay alternativas de gobiernos. Aquí, toda Centroamérica, los gobiernos de izquierda y derecha están introduciendo y profundizando políticas económicas que benefician los derechos de las empresas, en detrimento de los derechos de la población.
Y en la medida que estos gobiernos se integran a través de los tratados de comercio, tratados bilaterales o convenios de seguridad, ahí está el convenio de prosperidad con los Estados Unidos, cuando sabemos que el enfoque de todos estos tratados es la integración de las economías locales a una global que está controlada y supeditada al poder corporativo y empresarial. Y en ese sentido, los movimientos sociales, lo que nos toca primero, es entender esta globalidad económica y prepararnos para luchar contra ella.
En este momento tenemos una disputa en Centroamérica sobre el paso de mercadería del océano Pacífico al Atlántico y viceversa, porque el canal de Panamá ya no da abasto a todo el comercio y países como Nicaragua buscan incursionar con un canal seco y se generan protestas. Además, en el escenario general está la inversión de una potencia económica global emergente como es China y tenemos la presencia de Estados Unidos con la Alianza por la Prosperidad en el Triángulo del Norte. O sea, tenemos los poderes globales de una disputa geopolítica jugándose en Centroamérica.
¿Crees que es una disputa ideológica?
-No, no es disputa ideológica. Es una disputa comercial, no estamos viendo un modelo político-social, que sea más equitativo o más democrático, sino poderes económicos y globales, y como Centroamérica daremos nuestros servicios, a partir de la tendencia ideológica de los gobiernos y sabemos que la competencia no es un modelo social más justo.
Y la competencia será en cómo le vamos a dar acceso a las empresas multinacionales para que hagan su inversión financiera y qué empresas, que pueden ser: chinas, rusas, canadienses o estadounidenses o mercados emergentes como México o Brasil, que son países ya con empresas multinacionales que buscan en estos momentos materia prima. Y como en la región todo se ha privatizado o cedido, entonces los recursos naturales es lo que queda para vender.
¿Son los tratados comerciales la camisa de fuerza de los Estados centroamericanos?
-Algunos tratados pueden tener cláusulas como protección al medioambiente o derechos sociales, pero al mismo tiempo estamos abriendo las puertas a la inversión extranjera o empresas nacionales que ejercen un proceso de debilitamiento de los Estados.
Porque todos los servicios básicos los va dejando el Estado, para que los asuma la empresa privada, esto solo debilita la capacidad de los gobiernos de generar ingresos a través de las aduanas, vía impuestos y todos esos dineros los están acumulando las empresas nacionales o extranjeras, en detrimento de la población. Y esto significa no tener la capacidad de fiscalizar la economía y las empresas las encargan de controlar los servicios básicos. Un ejemplo muy claro que vivimos en El Salvador es con el recurso agua, que los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa se niegan a aprobar una Ley General de Aguas, y reconocerlo como derecho humano, claro, cuando tenemos a la industria cañera que no paga ningún cinco por el agua, o las empresas embotelladoras, cuando solo la industria salvadoreña consume el 60% del uso del agua, y pagan menos que los usuarios en sus hogares, estamos hablando de una privatización feroz.
¿Qué le queda al movimiento social, las comunidades o la población?
-Como población, movimientos sociales o comunidades, solo nos queda seguir luchando, porque es en la experiencia que tenemos que podemos preparar a las siguientes generaciones, que tendrán que generar o tendrán nuevas formas de organizarse y ver su incidencia.
Si la empresa logra privatizar el agua, eso va a afectar directamente a la gente y en la medida que se vea afectada la gente tendrá que buscar sus mecanismos de resistencia y lucha estratégica. La lucha social es la herencia que nosotros heredamos y construimos frente al capital económico y los recursos institucionales de las empresas privadas y multinacionales.
Nosotros tenemos el capital de la organización social, la organización comunitaria y la movilización de gente, porque a los pueblos de la región nos ha tocado una vida de lucha o muerte y la seguiremos. Y si nosotros no logramos el acceso público al agua, será la siguiente generación la que deberá tomar las acciones para defender esos derechos, es el único legado que les damos, el espíritu de lucha por una justicia para todos y todas.
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