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El Comité de Defensa de Programas Sociales de El Salvador se manifiesta, frente la instalaciones de la corte suprema de justicia, para exigir a los magistrados la aprobación de bonos que necesita el gobierno para el fortalecimiento de los programas sociales. Foto Diario Co Latino/ Ludwin Vanegas.

Asociación de ciudadanos exige a Sala de lo Constitucional no bloquear programas sociales

Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino

Miembros del Comité de Defensa de los Programas Sociales en El Salvador (CODEPROSES) protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que no bloqueen los programas sociales.

“La Sala de lo Constitucional y cuatro magistrados, en específico, han estado reteniendo la aprobación de los préstamos y los bonos que necesita el país para llevar a cabo los programas sociales y necesitamos que ellos aprueben esto para que la población tenga acceso a servicios”, declaró, Benjamín Montano, vocero CODEPROSES.

La asociación ciudadana pide a los magistrados que no se declaren inconstitucionales los programas sociales y que se aprueben los $900 millones que el gobierno necesita para seguir financiándolos y fortalecerlos, para que beneficien a más sectores de la población. Además, exigen que la elección de los magistrados se haga de forma transparente y que se busquen personas honestas y responsables para ocuparlos.

“Exigimos que no se eliminen o se decreten inconstitucionales los programas que están en favor de la educación para nuestros hijos, no queremos que se queden sin el paquete escolar, sin el vaso de leche y que son logros que los gobiernos del FMLN han obtenido en beneficio de la niñez y es injusto que los eliminen”, dijo Saúl Mendoza, Presidente de comunidades sociales de Ilopango.

Asimismo, el dirigente considera importante que los niños, jóvenes y adolescentes tengan seguridad, que tengan educación de calidad para que sean personas útiles a la sociedad, con cultura de paz y justicia. Para Mendoza, la no aprobación de estos recursos es una violación a los derechos humanos, al derecho a la seguridad y a vivir en paz que tiene la población.

Además, los manifestantes exigen a los miembros de la Sala de lo Constitucional que liberen los recursos para que El Salvador siga beneficiando a la niñez y que la población tenga salud, programas agrícolas, que haya semilla y abonos para que pueda producir y seguir subsistiendo.

El comité de ciudadanos advirtió que las protestas seguirán hasta que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cumplan con su labor de beneficio al pueblo salvadoreño, ya que para eso fueron elegidos.

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