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@GloriaCoLatino
Morena Murillo, for sale del colectivo de organizaciones integradas en la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), viagra señaló que la “Alerta Naranja” declarada por el gobierno en el Área Metropolitana de San Salvador, será insuficiente, mientras no se apruebe la Ley General de Aguas y Saneamiento, que lleva una década en la Asamblea Legislativa.
“Esta crisis no es casual, sino causal y tiene a la base el modelo económico donde las empresas nacionales o transnacionales solo les preocupa de aumentar sus ganancias sin importarles depredar los escasos bienes naturales que tenemos, por eso exigimos la aprobación de la Ley General del Agua”, afirmó.
Las organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos reiteraron el llamado a no permitir más, la expansión de urbanizaciones en zonas donde existe aún “cobertura boscosa”, porque impermeabiliza los suelos y genera poca infiltración en zonas de recarga acuífera. Señalaron también, como atentatorio al medio ambiente las quemas de rastrojos o los cambios de vocación de los suelos que realiza la industria de la caña de azúcar, que además de una alta demanda de agua para sus sembrados; contamina otras especies vegetales con agrotóxicos y madurantes que son fumigados de forma área.
“Ya se ha dicho infinidad de veces que el 95% del agua superficial está contaminada y el territorio no tiene capacidad de administrar las aguas lluvias, lo que ha venido a generar serias complicaciones para la población que vive en zonas frágiles y vulnerables”, explicó.
En cuanto a la industria minera Murillo acotó que existe una “amenaza latente” de este tipos de industria transnacional que solo agudizaría la actual crisis hídrica que ya registra el país. “Tenemos que señalar la falta de apoyo de la Corte Suprema de Justicia también, por no cumplir con el marco jurídico en materia ambiental, al no instalar los Juzgados Ambientales en Santa Ana y San Miguel, un mandato de la Asamblea Legislativa y que la Corte no acata; entonces, creemos que el mensaje que manda es que, no les interesa las agresiones al medio ambiente”, argumentó. El modelo económico no es congruente con la naturaleza, dijo Carolina Amaya, al considerar que el sistema económico genera ciclos cortos para ver sus ganancias, mientras la naturaleza necesita períodos más largos para restaurarse, situación que preocupa a ASGOJU, por la “voracidad” empresarial.
“Necesitamos llevarle agua a la gente porque no es una dádiva, es un derecho y como lo hemos planteado, la crisis tiene un rostro social -y lo digo- porque son las clases más pobres los que están padeciendo la crisis. Y como ASGOJU hacemos un llamado para que se regule el comercio y la industria que por ahora, son los grandes depredadores del medio ambiente, como el Grupo Roble que sigue deforestando a Santo Tomás que son zonas con vocación agrícola”, reflexionó.
ASGOJU demandó del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) la suspensión de permisos de tala de árboles, así como la inversión en los pocos bosques que quedan en el territorio nacional. Y para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que entrega el paquete agrícola al campesino a generar información y prácticas agroecológicas como alternativa viable para salvar los ecosistemas. “Todos estos intereses de las empresas privadas y estos grupos hegemónicos que se expresan a través, de los partidos de la derecha en la Asamblea Legislativa son los que muestran resistencia para no discutir la Ley General de Agua, porque estos grupos están acostumbrados a vivir de la especulación y las crisis de la población”, puntualizó Amaya.
