Por: Rolando Alvarenga
A pesar de que en los últimos años desfilaron ante la Comisión de Juventud y Deportes de la Asamblea Legislativa los “principales cerebros deportivos” de este país, la nueva Ley General de los Deportes no tiene aspectos sustanciales de lo que hubiese significado un “boom radical” para beneficio de las mayorías.
Sin tantas vueltas y rodeos, la nueva Ley, que viene a sustituir a la de 2017 y que tiene varios artículos muy buenos, no incluye: la prohibición del alquiler o préstamo de los escenarios deportivos nacionales para actividades extradeportivas, no pone fin al cobro en diferentes conceptos de la práctica deportiva y no incluye elevar al estatus de misiones oficiales, con sus respectivos viáticos, a los contingentes o atletas que viajen a los diferentes compromisos internacionales.
A partir del incremento presupuestario (20 millones de dólares en comparación a los 12 millones que el INDES recibía hasta el año anterior), las tres inquietudes antes mencionadas debieron entrar en la nueva Ley, porque la práctica deportiva a nivel nacional es el mejor antídoto contra los males delincuenciales o antisociales y medicina preventiva en la salud.
En el aspecto viáticos es obvio que un atleta vale mucho más que un político a la hora de darle gloria y orgullo a los colores patrios.
Pese a que la nueva Ley tiene artículos bastante interesantes, la sustancia o esencia que le hubiera dado un salto de calidad y justicia al deporte en general quedaron lamentablemente fuera.
Por tanto, las expectativas de un “cambio revolucionario” habían recargado pilas luego de doce años con la ley anterior, pero hoy se ahogaron en la masa gris de los que tuvieron en sus manos la gran oportunidad de pasar a la historia por encabezar un cambio deportivo trascendental para las mayorías. ¡Qué lástima!