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641 LIBRES COMO EL PENSAMIENTO
Alberto Romero de Urbiztondo
@aromero0568
Al asistir a ciertos servicios públicos de salud, nos encontramos a veces, con personal que en el ejercicio de su función, introduce opiniones y recomendaciones basadas en sus convicciones religiosas y no en la evidencia científica. No es raro, que mujeres que han enfrentado una violación, al asistir a una institución pública de salud no le informen que el protocolo de atención del Ministerio, incluye la opción de recibir profilaxis pos exposición para prevenir infección por SIDA, así como anticoncepción oral de emergencia para evitar un embarazo impuesto producto de la violación. Personal sanitario que por sus creencias religiosas se opone al aborto considera que la anticoncepción oral de emergencia es abortiva y no quiere aplicarla, ocultándole a la mujer que acude buscando atención después de una violación, su derecho a estos servicios. En estos casos se abusa de la libertad religiosa imponiendo las creencias y códigos morales del prestador de servicios de salud a la paciente. Si ese trabajador considera que proporcionar ese servicio va en contra de sus creencias, lo que no puede hacer es negárselos a la paciente sino informarle que tiene ese derecho y buscar a otro profesional que le aplique el procedimiento.
Casos parecidos se dan, especialmente, en los servicios de salud sexual y reproductiva, al negarse a practicar una esterilización a una mujer que lo solicita, pretendiendo que siga procreando y ejerciendo una maternidad que no desea. O priorizando la abstinencia sexual como método de control reproductivo, en vez el acceso a métodos modernos de anticoncepción.
Un ámbito en el que también se enfrenta una imposición de creencias religiosas es la gestión del final de la vida, negando a los pacientes una muerte digna a través de cuidados paliativos que no prolonguen artificialmente la vida si el paciente no lo desea, así como el derecho a la eutanasia mediante una muerte asistida. Es frecuente escuchar que “Dios es el que da la vida y solo él puede quitarla”, una creencia que tienen derecho a tener legisladores o prestadores de salud, pero que no pueden pretender imponerla a toda la sociedad.
