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San José/Prensa Latina
El atentado en que murió el abogado Tony Peña confirma hoy en Costa Rica el peligro para los letrados de trabajar con delincuentes vinculados al narcotráfico, según palabras del criminólogo Gerardo Castaing.
Los defensores de individuos relacionados con el crimen organizado siempre estarán en riesgo, opinó el también exoficial de policía, luego del asesinato de Peña en el puerto suroriental de Limón, tras la sentencia a prisión contra un criminal defendido por él, añadió el experto al canal Teletica.
Quienes ejercen esa profesión y su familiares deben tener mucho cuidado a la hora de defender a imputados por narcotráfico, declaró el especialista sobre el asesinato del letrado en una aparatosa operación por individuos que lo persiguieron hasta su casa en un barrio de esa ciudad.
La Policía investiga posibles vínculos entre la sanción a prisión preventiva para el defendido de Peña Russel y el asesinato del abogado, quien también fue agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), atacado por tres hombres armados con fusiles de asalto AK-47.
Según el perito policial, “el caso del abogado asesinado no es aislado, estas bandas, poco a poco, perfeccionan su modus operandi. Cortar la dinámica estructural del crimen es complejo, pero hay que hacerlo».
El experto recordó que ocurren todos los días a manos del crimen organizado numerosos homicidios, estimados este año en unos 550, lo que hace que la ciudadanía y las autoridades lo vean con cierta normalidad.
«De tanto repetirse –subrayó- se vuelve normal. El gobierno lo ve normal, la ciudadanía también, pero en realidad se trata de inseguridad, no solo para los abogados. Cualquier persona que se acerque al narcotráfico está en peligro. Creo que es un aviso al Poder Judicial, hay que hacer algo».
Reflexionó la fuente que el llamado sicariato (homicidio por encargo) “está conformado por varios elementos: el sicario, quien contrata a los criminales, el vehículo y las armas. Las AK-47 abundan en el país y no solo esas, cada vez hay más de diversos calibres, es sencillo comprarlas o hasta alquilarlas para cometer un delito».
Reportes de los medios en las últimas horas estiman en unas 550 la cifra acumulada este año de víctimas mortales, en medio de una escalada de violencia y un estado de terror en ciudades y barrios, cuyas grabaciones sobre la crueldad de esos actos inunda canales televisivos.
Las autoridades policiales enfocaron este año sus operaciones en combatir a los grupos criminales más violentos de Limón, San José y Puntarenas para intentar contener la ola de violencia, afirmó el subdirector del OIJ, Michael Soto.
