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Samuel Amaya
@SamuelaAmaya98
Los diputados de oposición han reaccionado luego que se diera a conocer que el Ejecutivo, liderado por Nayib Bukele, modificó su reglamento interno para crear una Secretaría de Auditoría, con la que busca, supuestamente, fortalecer el control interno de las instituciones dependientes del Ejecutivo. Los legisladores dicen que esto, es competencia de la Corte de Cuentas de la República.
Fue a través de la publicación del Diario Oficial de fecha 23 de febrero de este año que se dio a conocer la noticia. Con esta nueva secretaría, según argumentó el Ejecutivo, pretenden fortalecer la transparencia de los ministerios e institutos pertenecientes al ramo, “procurando con ello la eficacia y eficiencia en el manejo de fondos públicos”, a través de acciones que permitan una identificación de riesgos, indicios de corrupción o cualquier actividad fraudulenta por parte de los funcionarios.
Controlar o investigar un posible mal manejo de fondos públicos, ya es competencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR). Sin embargo, la Secretaría de Auditoría tendrá facultades para que toda información que esta arroje, “será declarada reservada”.
Al diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, esta nueva secretaría le parece “bastante peculiar”, ya que por Constitución existe una institución que vela por hacer contraloría y auditoría del Estado, refiriéndose a la CCR. “No sé qué sigue después, si sería la posible eliminación de la Corte de Cuentas. Me parece que existe un conflicto de interés, siendo esta juez y parte, por un lado, y por otro, que toda la información va a ser de naturaleza reservada, realmente sin propósito, y a lo mejor es algo que únicamente va a servir para la narrativa (de decir que son transparentes) pero no para realmente combatir la corrupción”.
Misma opinión expresó el jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, tras manifestar que el encargado de auditar los fondos públicos es la CCR “y cualquier institución al margen de esta, que audite los fondos públicos sería una función inconstitucional, sobre todo, porque un decreto ejecutivo no tiene mayor jerarquía que la Constitución, en ese sentido, cualquier tipo de auditoría no tendría valor jurídico porque la Constitución solo le da facultades de auditoría a la CCR”.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que cualquier mecanismo que esté vinculado a luchar o vigilar la corrupción es positivo “de entrada” pero lo importante será conocer “quién lo va a administrar, quién va a ser el responsable y qué nivel de autonomía le va a dar el presidente de la República”, justamente el acuerdo establece que será Presidencia quien nombrará a un secretario de auditoría.
“Si está dentro de CAPRES, obviamente, no es autónomo, como la Corte de Cuentas. Lo que debemos aspirar es que sea un ente rector de las políticas que el Ejecutivo va a realizar en términos de transparencia; sería muy bueno que esta institución recomendara, por ejemplo, que se quiten todos esos índices de información reservada que no están justificados. También, debería recomendar que se creen diferentes mesas interinstitucionales para poder evaluar con la ciudadanía y con los sectores interesados las políticas que el Ejecutivo va a dar”, agregó la diputada Ortiz. En el tema anticorrupción la Secretaría de Auditoría “debería” ser quien vaya siguiéndole la pista a las irregularidades y ser esa misma institución que ponga la denuncia, “si no es así, no vamos a creer, porque lo mismo había en gobiernos anteriores (y) los avances fueron muy pírricos”.
Mientras que el diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Numan Salgado, defendió la creación de esta secretaría, pues según dijo, “tiene como objetivo fiscalizar los fondos que se utilizan en el Ejecutivo”.
“Me parece muy atinado porque como sabemos, históricamente la CCR ha sido como una tapadera de la corrupción de muchísimas instituciones del Estado, de alcaldías y de organismos no gubernamentales que manejan fondos públicos, y no se puede confiar en la contraloría que está haciendo y que históricamente ha hecho”, comentó el legislador afín al GOES.
A su juicio, la implementación de esta nueva entidad “es como para enterarse en casa de lo que están haciendo los funcionarios, porque si bien el presidente Bukele tiene la dirigencia y la responsabilidad del Ejecutivo, los mandos medios son los que tienen a discreción el manejo de algunos recursos y que cuentan un margen de maniobra que tienen que ser fiscalizados y advertir cualquier indicio de corrupción que se dé para actuar a tiempo”.
Al legislador no le importó el hecho que toda la información pueda ser declarada reservada.
