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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Simplemente llegó una representante legal de San Salvador, con un grupo de papeles sin sellos ni membretes y sin firma, era de la Alcaldía de San Salvador Centro. Llegó a decirnos que estábamos cesados de nuestras obligaciones”, relató Marlon García, exempleado del ahora distrito de Ayutuxtepeque.
“Esto es injusto porque la mayoría de los despedidos somos empleados simples, nunca estuvimos en puestos de confianza. Sólo nos dijeron que fue una decisión tomada en la sesión del 1 de mayo en la reunión de Concejo Municipal”, agregó García.
Cuando el presidente Nayib Bukele anunció la reducción de los municipios de 262 a 44, aseguró que los empleados no serían despedidos.
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral, colectivo que aglutina a diversas organizaciones del sector público, privado, municipal e independiente, junto a representaciones sindicales en los sectores público y privado, se pronunció ante los “despidos injustificados” tras la entrada en vigencia de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal.
Marlon García expuso su desacuerdo ante su despido, así como la de sus compañeros, algunos de ellos tienen a cargo a personas de la tercera edad y deudas económicas.
“En mi caso personal, que es por salud, soy una persona donante de riñón y cada 4 meses tengo que ir al Seguro Social a checarme el funcionamiento de mi único riñón, necesito el empleo para mi economía. No es justo, entonces, que se nos venga a tratar y desechar como basura, porque somos humanos y tenemos necesidades en todo sentido, tenemos familia y compromisos”, expresó García.
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral registra entre el 1 de mayo a la fecha 269 cesantías de trabajadores. En los distritos de Ciudad Delgado, 20, Cuscatancingo 23, San Marcos 90, Ayutuxtepeque 25 y Zacatecoluca 100 , que es el mayormente impactado actualmente. Y no descartan que estas cifras aumenten en el transcurso del mes de mayo.
“Cuando fuimos llamados a la oficina de la actual directora de distrito y la representante legal de San Salvador, nos entregaron la carta como digo sin sellos ni membrete. Era la notificación, y cuando preguntamos por una copia para nosotros se negaron -aduciendo-, que no podía hacer uso y abuso del papel, porque podría incurrir en un problema legal a nivel cibernético, y sólo debíamos dejar nuestros datos personales para posteriormente hablar de la indemnización”, relató.
“En el caso de Ayutuxtepeque denunciamos que fuimos cesados a pesar de no estar en puestos de confianza o gozar de algunos privilegios, y fuimos destituidos simplemente para salvar al círculo cercano del exalcalde Alejandro Nochez. Y esas personas aún ostentan sus puestos de confianza dentro de la municipalidad y eso no es justo que se nos desecha como basura”, alegó García.
Reestructuración Municipal impacta a la clase trabajadora
Rafael Méndez, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, señaló que ya habían advertido tiempo atrás, sobre las afectaciones o el impacto que tendría el tema de la reestructuración municipal dentro de la clase trabajadora, que ha generado despidos masivos en distintos distritos de San Salvador Centro y otros departamentos.
“Esta situación es bastante grave, porque los Concejos Municipales y los alcaldes están violando las normativas existentes como la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que no han respetado, la Constitución de la República y no se ha seguido un debido proceso en los despidos actuales, cometiendo este tipo de arbitrariedades”, indicó.
“Y mientras cometen estos atropellos a la clase trabajadora, sabemos también que estos alcaldes y concejos municipales en estos últimos días, se han estado recetando aumentos de salarios justificando que su trabajo ahora se verá aumentado por la reestructuración de los nuevos territorios y que por eso merecen mayor salario, sin que les importe los trabajadores despedidos”, reafirmó Méndez.
En cuanto a la firma de las notificaciones de despido, Méndez hizo un llamado inmediato a la “clase trabajadora” a no firmar ningún documento por principio básico de no firmar nada que otorgue a la “patronal”, en este caso los “gobiernos municipales y alcaldes”, cualquier tipo de documento que contravengan los derechos laborales y humanos de la persona trabajadora.
“Los derechos no pueden verse desmejorados o disminuidos, la misma Constitución, consagra esos derechos de la clase trabajadora y son irrenunciables. Los trabajadores deben defender los puestos de trabajo sino se incrementará el golpe a la economía familiar. No olvidemos los ya 20 mil empleados públicos despedidos (2021), y eso es grave”, sostuvo.
“Como Mesa Permanente por la Justicia Laboral condenamos enfáticamente cada despido que están realizando las municipalidades en contra de la clase trabajadora de este sector. De igual manera, instamos a los alcaldes y concejos municipales a que elaboren planes de reestructuración y políticas que no agreda el empleo de la clase trabajaora”, argumentó Méndez.
FESPAD : Leyes que vulneran derechos laborales y Convenios Internacionales
Antonio Flores, abogado de FESPAD, que integra la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, expresó, en la opinión técnica de la organización de derechos humanos, sobre la transición de las alcaldías a distritos que ha elevado la vulneración de derechos laborales y la estabilidad económica de la clase trabajadora.
“Observamos una vulneración completa del artículo 219, inciso segundo de la Constitución de la República, que trata sobre la estabilidad laboral. Porque ese derecho tiene efectos positivos, y al contrariarse tendrá efectos negativos que irán acrecentando una cascada de injusticias no sólo para el trabajador, sino, también para la familia salvadoreña”, refirió.
“Tenemos también el dato muy particular que se han despido directivos sindicales, y se ha vulnerado el artículo 47 de la Constitución, que dice que las juntas directivas (sindicales) no podrán ser desmejoradas y tampoco despedidas o trasladadas y todo eso ha pasado en estos días”, explicó Flores.
De igual manera, criticó “la fantasía de adosarle puesto de confianza a empleados generales”, citando que la Sala de lo Constitucional (CSJ), que ya se ha pronunciado sobre el “empleado de confianza”, que son personas con acceso a las máximas autoridades con alto grado de confidencialidad y mayor rango y responsabilidad dentro de la institución.
“Las persona de oficios varios, el que barre, la secretaria y otros, no son plazas de confianza en los gobiernos locales. Y la mayoría de los trabajadores que están actualmente denunciando cumplen en ese grado de empleados generales en la carrera administrativa municipal”, indicó Flores.
Por consiguiente, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral exigió, el cumplimiento de la normativa constitucional sobre el derecho a la estabilidad laboral de empleados públicos y municipales. Así como, las Convenciones Internacionales de la OIT sobre los derechos de la clase trabajadora.
Exhortaron, también a cumplir con sus responsabilidades al ministro de Trabajo Rolando Castro, a cumplir con su obligación de velar por los derechos de las y los trabajadores. A la PDDH a realizar un verdadero trabajo de defensa de los derechos humanos de la población en general.
FESPAD exhortó al presidente Nayib Bukele a intervenir en esta problemática que está vulnerando los derechos constitucionales de la clase trabajadora y su responsabilidad frente a los Convenios Internacionales, ratificados ante la Comunidad y Organismos Internacionales.
