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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El presidente Bukele anunció la mañana del 1 de julio que presentaría una propuesta: aumentar 20 % al salario mínimo.
Este anuncio ocurrió horas antes que EE. UU. publicara la lista Engel, lo que da pie a pensar que el anuncio opera como distractor de la atención que genera el anuncio estadounidense.
El aumento al salario mínimo es una necesidad real de los trabajadores que devengan las remuneraciones menores, en el sector privado y público; es, a la vez, una obligación legal revisarlo cada tres años, lo que había sido postergado durante el gobierno actual.
El último y más importante aumento en décadas se dio en 2017, entró en vigencia el 1 de enero de 2018, redujo los tramos anteriores y dejó como el mínimo menor al de labores en el campo, que quedó en 200 dólares, y el tramo mayor en 300 dólares, para el comercio, industria, e ingenios azucareros.
En esa ocasión, el mayor aumento proporcional fue para las labores del campo, que era menor a 100 dólares antes de ese aumento.
Las diputadas del FMLN, Dina Argueta y Anabel Belloso, habían presentado una iniciativa para aumentar el salario mínimo que la mayoría del oficialismo se negó a discutir en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, y el ministro de Trabajo anunció que no habría aumento al salario mínimo; estos dos hechos refuerzan la idea de que el anuncio presidencial sí obedece a la necesidad política de aplacar las críticas que genera el señalamiento de miembros de su partido y de su gobierno como corruptos, en esa lista de EE. UU.
Para el aumento al salario mínimo se debe tomar en cuenta factores como la inflación, el costo de la canasta básica y se debe hacerse escuchando a las partes involucradas, es decir, los trabajadores, los empleadores o empresarios y el gobierno.
En 2014, los estudios indicaban que el costo de la canasta básica en el campo era de $193.10 en el área urbana y $139.06 en el área rural; en los 10 años de gobiernos del FMLN la inflación fue muy baja, ahora se requeriría un estudio actualizado, tanto del costo de la canasta básica como de la inflación, pero eso sería ir contra las formas de gestión política del actual gobierno, acostumbrado a presentar los asuntos públicos como ocurrencias del presidente, y más si de veras es solo una carta para distraer.
Los anuncios presidenciales se hacen más frecuentes a la vez que distintos sectores sociales constatan que no son escuchados, como ocurre con el proyecto de Ley de Agua, con la demanda de ley de identidad de la comunidad LGBTI o los veteranos de guerra del FMLN y de la Fuerza Armada.
Pero el anuncio que más duda y rechazo recibe es la incorporación de la moneda digital bitcoin para lo cual ha ofrecido $30 con solo presentar el DUI y bajar la aplicación informática denominada CHIVO.
A la falta de escuchar a trabajadores y empresarios sobre el salario mínimo, ofrece subsidiar el costo que represente el aumento en lo que queda del año a las pequeñas empresas con registro formal.
Se desconoce que el presupuesto en ejecución contenga fondos para financiar tales anuncios, pero sin duda si el presidente lo anuncia le quedará la responsabilidad al ministerio de hacienda y mayoría de diputados oficialistas asegurarlo ya sea recortando gastos, adquiriendo créditos o imponiendo nuevos impuestos.
Es lamentable que una necesidad tan real como la nivelación de los salarios mínimos sea tratado como simple recurso publicitario para aplacar criticas a decisiones o revelaciones que merecen la desaprobación general y ameritan corrección.
Correcto sería derogar la Ley del Bitcoin, correcto sería que la nivelación salarial corresponda a la necesidad de cubrir las necesidades de los trabajadores y su familia en un momento en el que los precios de los alimentos y en general se han ido al alza. Los combustibles han aumentado 11 veces y genera alza en otros sectores.
Correcto sería que cumpla el presidente su promesa de separar a los funcionarios a los que se les señalan actos concretos de corrupción, como lo hizo el organismo que el mismo creó (CICIES).
Una necesidad como el salario mínimo debe tratarse con responsabilidad, a la vez de respetar el derecho al trabajo en el sector público, al que tanto ha castigado el actual gobierno, usando los despidos como recurso de castigo a sus opositores.
Ni el odio, ni la mentira construyen, el respeto y la justicia sí. Con esos anuncios no logrará quitar la mirada de sus funcionarios señalados de corrupción antes de la mitad de su mandato.
