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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
Una eventual alza del IVA del 13% al 15% en El Salvador tendría efectos socioeconómicos negativos al incrementar la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso, aseguraron economistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) en un estudio sobre las implicaciones de un posible aumento.
Con el aumento del IVA, en dos puntos porcentuales, los patrones de consumo de los hogares disminuirían. Según Werner Peña, economista del ICEFI, la cesta de alimentos y bebidas no alcohólicas tendría una disminución de -0.46 puntos, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles -0.15 y transporte -0.31 puntos. Mientras que recreación y cultura disminuiría 0.20 puntos.
Esta reducción impactaría de forma negativa en los niveles de desnutrición, sobre todo en aquellos hogares en los que la dieta alimenticia ya es insuficiente en cantidad y diversidad, señaló la Red de Investigadores del Banco Central de Reserva (REDIBACEN) en la presentación del estudio.
Diversos sectores del país señalan la necesidad de incrementar los ingresos tributarios, algunos ara “ampliar la cobertura y aumentar la calidad de los servicios que presta el sector público”, otros con “el objetivo de consolidar las cuentas públicas mediante la reducción de los déficits fiscales”.
El estudio define que un incremento de dos puntos en el IVA aumentaría en 1.37 puntos la pobreza extrema, en 1.05 puntos la pobreza relativa, y tendría un efecto acumulado de incremento en la pobreza total de 2.42 puntos porcentuales.
En cuanto al impacto redistributivo en los hogares se tendría un incremento en la desigualdad de 0.0244 puntos. Además, debido a que el incremento de la alícuota del IVA en dos puntos porcentuales es regresivo, los hogares con menores ingresos resultarían más afectados por la medida con relación a los hogares de mayores ingresos.
“Los hogares más pobres requerirían un aumento de la renta equivalente a un 10.9% de la renta total, mientras tanto, los hogares más ricos únicamente requerirían un 3.4%”, detalla el resumen presentado por REDIBACEN. En este escenario, el estudio muestra que “las finanzas públicas tendrían que desembolsar $90 millones en 2016 (0.34% del PIB de ese año) para compensar a los hogares pertenecientes a los primeros cuatro niveles de ingreso por las pérdidas registradas en su bienestar”. Economistas del ICEFI recomiendan concebir la política fiscal como una herramienta relevante para el cumplimiento de los derechos humanos de los habitantes y que garantice recursos suficientes para cumplir con una provisión oportuna de servicios públicos de calidad.
De igual forma, indicaron que “las medidas deben encaminarse hacia la consecución de una carga tributaria cada vez más progresiva donde los que ganen más aporten comparativamente más”.
