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@GloriaCoLatino
Karen Ramírez, sovaldi de la organización Pro Vida, for sale organismo que integra el Foro del Agua, exigió a la Fiscalía General de la República y al gobierno local de Tacuba, Ahuchapán, cumplir con el fallo de la Sala de Contencioso Administrativo y retribuir el derecho al acceso y administración del agua a siete comunidades aglutinadas en ADESCOB.
– ¿Cuál es la situación de este caso en Tacuba?
Como Foro del Agua reconocemos que el Alcalde, Joel Ramírez, del partido ARENA, ha tenido diferentes actitudes de autoritarismo frente a 7 comunidades que se agrupan en la ADESCOBD, este caso emblemático y consideramos, si este abuso del alcalde existe es por la ausencia de marcos normativos específicos como: la Ley General del Agua y la Ley del Sub-sector de Agua Potable y Saneamiento.
– ¿A qué punto han llegado las cosas?
Sabemos que no actúa de forma aislada el alcalde Ramírez. A través de los años ha violentado los derechos de las comunidades, comenzando con una expropiación fraudulenta que hizo a las comunidades que tienen la fuente de agua. A través de una junta directiva fraudulenta, a las que hizo algunos ofrecimientos, simulan el otorgamiento de esa propiedad a la alcaldía y afirman, que este terreno lo cede ADESCOBD por estar en quiebra.
– ¿Y cuál es la situación?
Hay pruebas que nunca esta asociación de las comunidades estuvo en quiebra y han logrado guardar dinero desde el año 2007; son 7 comunidades y estamos hablando de 940 familias. Además, no hay manera de disolver una asociación legalmente constituida por quiebra.
Es importante también rescatar sobre este caso de Tacuba, el esfuerzo que muchos hombres y mujeres entregaron prácticamente en tres meses de trabajo. Esta acción es emblemática en donde las comunidades llegaron a ese nivel de trabajo coordinado y solidario, que les permitió contar con un sistema de agua.
Han dado una parte de sus salarios durante tres meses, para este sistema… y ¿cuánto supone para una familia de escasos recursos económicos no percibir ingresos por tres meses?
Esta gente caminó 18 kilómetros diarios para acarrear los materiales de la construcción de la planta, entonces, esta resistencia de las comunidades frente a un alcalde que ha tratado de expropiarles de manera ilegal su patrimonio, que ha robado las válvulas, que nunca ha invertido en el sistema y que ha cortado el servicio del agua para generarle problemas a las comunidades, decida quitárselos.
– ¿Cómo el Foro del Agua aborda esta problemática?
Para nosotros es un gran reto, las comunidades y nosotros hemos venido apoyando de manera sistemática y acompañándoles en este proceso de denuncia sobre las actuaciones del Alcalde Ramírez, pero nos preocupa más la actuación débil de la Fiscalía General de la República (Santa Ana) por falta de diligencia en el seguimiento a las denuncias que están documentadas en varios expedientes.
Mientras, la Corte Suprema de Justicia que emitió medidas cautelares sobre esta denuncia, en mayo de 2014 las revocó y dio un fallo definitivo a favor, del alcalde Ramírez.
Nosotros estamos preocupados por este tema. Es importante que se analice como es que la Fiscalía General de la República no tomó acciones de investigación a las denuncias de las 7 comunidades; pero resulta que si admitió las denuncias del Alcalde Ramírez contra la población organizada y los pobladores han sido acusados.
Esto es una amenaza el derecho de organización social de las comunidades; porque ahora sus lideres y liderezas que trabajan en las juntas directivas han sido inculpados de delitos individuales y se les ha acusado en temas de robo del vital líquido.
Es tal la impunidad del edil que antes de las elecciones del presente año, agentes policiales fueron a cada comunidad a decirles que los directivos de la Junta de Agua actúaban de forma ilegal; cuando el alcalde Ramírez es conocedor del último fallo de la Sala Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que reconoce a la organización comunal. Esta acción del alcalde es con alevosía y ventaja usando su poder en el municipio para atemorizar a la gente.
Sabemos también que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) llevan un registro de estas denuncias sobre cada atropello que ha hecho el alcalde de Tacuba en contra de la población, y que ha girado informes en defensa de la protección de los pobladores.
– ¿Incapacidad institucional para aplicar la ley?
Sabemos que el Alcalde Ramírez tiene casos pendientes en relación a malversación de fondos a través de EMSAGUAT, que es una empresa descentralizada, tiene 4 notificaciones en la Corte de Cuentas de la República (CCR) y también ANDA lo ha denunciado por malversación de fondos. Existen hechos de impunidad notorios ¿Cómo pudo este alcalde (Ramírez) lograr una reelección? Y que quiera acceder a manejar otros proyectos de sistemas de agua, cuando tiene observaciones de irregularidades en su gestión.
Y las autoridades administrativas y judiciales no han respondido de manera pertinente, le han fallado a la población… el ente fiscal en Santa Ana ha retomado una persecución de índole político y el alcalde haciendo uso de su poder violenta el derecho de organización y gestión de las comunidades al no reconocer su junta directiva elegida por los pobladores.
El accionar de este alcalde ha llegado a tal grado, que no les extiende finiquitos si no pagaban a la alcaldía el servicio de agua, que no suministra a la población; y violenta también los derechos humanos de esta población al no extender permisos, actas de defunción o partidas de nacimiento.
Utiliza su cargo para exigir el pago de un servicio que no otorga, ni le está invirtiendo para mejorarlo; son las 7 comunidades las que administran el sistema y esto ha generado una mora -por este vacío legal- la gente mejor no le paga a la Junta Directiva de las comunidades, ni al gobierno local debilitando el sistema.
– ¿Cuál ha sido la decisión de las comunidades frente a este impasse?
La gente tiene bajo su tutela la administración del agua y frente a los últimos fallos de la Sala de lo Contencioso Administrativo (CSJ) que declaró que este traspaso de la propiedad entre la supuesta Junta Directiva y el gobierno local no es legal y que el propietario sigue siendo ADESCOBD siendo reconocido legalmente no está disuelta y seguirá luchando por sus derechos.
– ¿Cuál ha sido el papel de la PDDH?
Las comunidades le han entregado al Procurador David Morales un reconocimiento, por ser la única entidad de gobierno que ha dictado medidas de protección a los líderes acusados, así como, por su acompañamiento en la memoria histórica de todo este proceso y que tiene en su poder, un expediente que abarca todas las diligencias jurídicas y sociales que han hecho las comunidades.
Las comunidades se sienten respaldadas por la PDDH, donde también expresaron su decisión de no otorgar el sistema a nadie que no haya trabajado por el. Como Foro de Agua respaldamos esta postura, ya que buscamos garantizar la gestión comunitaria y la gestión pública.
