Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Carta Económica
www.cartaeconomica.com
Las actuales negociaciones que se generan por un acuerdo para una Ley de Responsabilidad Fiscal, son simplemente otra forma en la que se busca ocultar el verdadero centro del problema fiscal, que pasa por un replanteamiento total de la estructura tributaria y un ataque frontal y verdadero a la evasión y elusión fiscal, así como por la renegociación de la deuda a partir de declararnos en incapacidad de pago, además de nacionalizar la administración de los fondos de pensiones, lo que no implica nacionalizar el fondo de pensiones. El respaldo a estas iniciativas de austeridad en el gasto fiscal (como medio para tener liquidez para pagar el servicio de la deuda), están en los objetivos de organismos financieros internacionales, como el FMI, por el interés de ofrecer programas de rescate o acuerdos financieros que condicionan el desarrollo del país a los intereses del capital transnacional. Esta política de austeridad tiene a su base el argumento, ya desmentido, de la reducción del gasto público como medida para mejorar la disposición económica de los recursos del Estado, cuando sabemos que lo que provocan son condiciones de recesión económica y deterioro de las condiciones de vida de la población.
La propuesta presenta una reducción considerable en seguros de salud, así como la reducción en remuneraciones en las instituciones públicas, a través de la congelación de varias plazas que quedarían vacantes por el retiro de personal jubilado y en proceso de jubilación, estas medidas aunadas a la focalización de los subsidios de gas propano, energía eléctrica, agua y transporte, son parte de las recomendaciones que la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dictado al Gobierno. Además está presionando por subir el IVA al 15% o 16%.
La focalización al subsidio al gas propano afectaría a un total de 30,687 hogares, lo que generaría un ahorro a las arcas del Estado por un valor de 46.2 millones de dólares al año, y por parte de la focalización al subsidio de energía eléctrica, se estima que 148,343 hogares se verán afectados, al hacer el cálculo con un promedio de 5.83 dólares en subsidio que recibe un hogar que consume menos de 100 kw/h, se prevé un ahorro anual de 10.4 millones de dólares, en total, en ambas sumas el ahorro generado por año sería aproximadamente de 56.6 millones de dólares.
¿Es entonces la austeridad y la focalización de subsidios la solución al problema fiscal de El Salvador?
Como podemos observar en el cuadro siguiente, al hacer una comparación de lo que significa el gasto en subsidios sobre el presupuesto, comparado a lo que significa el gasto en servicio de la deuda, demuestran una marcada diferencia, pues desde el año 2010 el servicio que ha generado la deuda ha sido un total de 14,727.8 millones de dólares, que equivalen a la suma del presupuesto general de los últimos tres años, mientras que lo invertido en subsidios en el periodo 2010-2017 no llega ni al 60% del presupuesto que se tuvo para el año 2010.
En porcentajes, el año en el que más se ha destinado del presupuesto para servicio de deuda es el 2014, con el 64.45% de los recursos del presupuesto, es decir, 3,063 millones de dólares; mientras que los subsidios, desde el 2011, han venido sufriendo un decrecimiento significativo, tanto así que para el presente año estos se estiman en apenas US$ 134.9 millones, o sea, un 2.72% del presupuesto, y únicamente representa la tercera parte de los recursos destinados en subsidios para el año 2012, año en el que más se ha destinado en este período.
En relación al servicio de la deuda, los subsidios durante el período analizado muestran un promedio de 15.22%, siendo el 2012 el año que más recursos se han destinado a subsidios, con US$ 401 millones, lo que representó el 19% de lo que se gastó en pagar el servicio de la deuda, y el presente año, siguiendo las recomendaciones del FMI, los recursos destinados a subsidios se redujeron a US$ 134.9 millones, que representan solo el 14% de lo que se pagará en servicio de la deuda.
Las reducciones de los recursos destinados a subsidios vienen a golpear el bolsillo de las familias salvadoreñas, que deben pagar más por el servicio de energía eléctrica y por el gasto en gas propano, lo que equivale a la reducción del poder adquisitivo de los hogares, que de por sí es limitado por los bajos salarios que perciben.
Además del problema de la deuda, las arcas del Estado se enfrentan a una corrupción fiscal de evasión y elusión sobre el cual podría hacer injerencia, más que afectar los bolsillos de las familias salvadoreñas, ya que de 2010 a 2016 el monto acumulado de evasión y elusión fiscal rondaría los US$ 19,025 millones, dinero que ha dejado de percibirse; en este sentido, podemos ver que si se tomaran las medidas legales y técnicas necesarias de recaudación, se podrían haber cubierto los subsidios en 2,258% para 2016.
Con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), el servicio de la deuda y la evasión y elusión fiscal, han sido más representativos que los subsidios. Para el año 2014 el servicio de la deuda llego a su punto máximo del período analizado, siendo 12.2% del PIB, por su parte la evasión y elusión fiscal, en todo el período analizado, siempre ha sido superior al 10% del PIB; mientras que la mayor carga, por el lado de los subsidios sobre el PIB, ha sido en el año 2012, con 1.7%, y en todo el período no se sobrepasa del 2% del PIB, mientras que para el año 2017, los subsidios apenas representan el 0.48% del PIB proyectado, es decir, que está muy por debajo del promedio del período analizado, mientras que el servicio de la deuda es el 3.29% del PIB.
Es de tener en cuenta que para el año 2016, en el que según el presupuesto se estima cancelar US$ 895 millones, a esto se le tendría que agregar los US$ 1,500 millones que se estima en deuda para cancelar LETES, es decir que los servicios de deuda se disparan a US$ 2,395 millones, lo que elevaría la carga de los servicios de la deuda sobre el PIB a un 8.8%, como se muestra en la línea verde del gráfico anterior.
Al analizar el comportamiento de los subsidios por hogar, podemos constatar que desde el año 2012 se ha venido registrando una disminución en dichos recursos, y si para el año 2016 le aplicamos la focalización que se realizó en los últimos 4 meses de ese año, los subsidios por hogar se disminuyen a 78.59 dólares por hogar, una reducción aproximada de recursos del 10% sobre lo proyectado en el presupuesto 2016, mientras que lo proyectado para el 2017 es de 76.21 dólares por hogar; o sea que esta medida elimina prácticamente el incremento salarial logrado en el presente año.
Y para finalizar, veamos qué porcentaje representan los subsidios sobre los impuestos que pagan los hogares salvadoreños.
En esta estimación realizada durante el período 2010-2016, el acumulado de impuestos que los hogares salvadoreños han aportado a las arcas del Estado es de US$ 20,059.30 millones, mientras que han percibido en subsidios US$ 2,106.6 millones, esto equivale al acumulado de 11% de los impuestos pagados, es decir que, por cada dólar de impuestos pagados, los hogares han recibido como subsidio apenas 11 centavos de dólar, pero para el año 2016 la situación se vuelve caótica para el bolsillo de los hogares, ya que de cada dólar aportado, solo han percibido cinco centavos en subsidios, y al aplicar el ajuste de los últimos cuatro meses del 2016, lo que representan los subsidios (de lo que pagan de impuestos los hogares) llegaría a 4%.
En conclusión, la aplicación de una política de austeridad no resuelve el problema estructural de déficit fiscal del Estado salvadoreño, pues más bien viene a reducir el papel del Estado como ente económico, reduciendo gasto público en salarios y generando mayores niveles de desempleo, esto como resultado de que el ahorro en subsidios se está orientando a pagar la deuda de la banca transnacional, tanto multilateral como el BID, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica, así como a los inversiones en la bolsa internacional que poseen los Eurobonos, cumpliendo así sus objetivos el FMI. Las políticas de austeridad y disciplina fiscal han demostrado ya ser inefectivas en la sanidad de las finanzas públicas y, por el contrario, tienen impactos negativos directos en el crecimiento de las economías y en una justa distribución de ingresos.
Bajo este argumento de la austeridad se han llevado a países como Grecia, España, Países Bajos, Italia y Portugal a estrictos programas de recortes para controlar el gasto público. En Grecia, que había seguido firmemente los lineamientos de austeridad dictados por la Troika (Comisión Económica de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) entre 2010 y 2013, el PIB cayó un 25.6% acumulado y creció 2.7% en 2014. La tasa de desempleo ha pasado de 12.7% en 2010 a 26.6% en 2014. El 13% del desempleo es de largo plazo y el desempleo juvenil alcanza el 49.7% La inversión ha caído entre 2010 y 2013, a una tasa promedio anual del 19%. La deuda pública ha alcanzado el 177% del PIB en 2014, aún con los recortes en pensiones y servicios públicos recomendados por la Troika. Esto le llevó a un nuevo programa de rescate con la Troika, con condiciones aun más fuertes en las que se incluye la venta de activos públicos, como puertos y aeropuertos, privatización de la red eléctrica, elevar la edad de jubilación hasta los 67 años, la revisión de los contratos colectivos de los trabajadores y despidos en la política industrial.
Más que montarse sobre el tren suicida de la austeridad, lo que se necesita es corregir los errores de la política fiscal neoliberal (que se ha enmarcado en la creación una política fiscal regresiva que ha afectado a los hogares salvadoreños), atacar directamente los problemas de evasión y reformas al marco regulatorio que permite la elusión, que han dado como resultado que desde 2010 a 2016 se haya dejado de percibir US$ 20,059.30 millones, y en definitiva, buscar una renegociación de la deuda que permita desahogar la carga que esta representa al presupuesto de la nación cada año.
Es necesaria una política fiscal que incluya los retos de justicia tributaria, donde las mayorías populares no sean las benefactoras fiscales del capital. Este propósito requiere de una reforma fiscal, no solamente tributaria, donde se reconozca la lucha política detrás del manejo de la técnica fiscal y se tome el lado de las demandas históricas de la población.
Sin embargo, una transformación real de esta esfera no puede ser simplemente realizada por la burocracia estatal, en tanto el Estado se encuentra sujeto a las leyes del modelo de acumulación neoliberal. Se necesita entonces, si se quiere transformar realmente la estructura de la política fiscal, trastocar las bases del modelo de acumulación actual. Esto implica que una reforma fiscal completa debe estar acompañada por una revisión de los acuerdos de liberalización, o sea, los TLC, los esquemas de incentivos a sectores productivos, la estructura y origen de la deuda contratada e incluso del régimen monetario mismo RECUPERANDO LA POLÍTICA MONETARIA Y LA EMISIÓN DE NUESTRA MONEDA, Y, COMO YA DIJIMOS, NACIONALIZANDO LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES. De otra forma la economía seguirá en su proceso de deterioro, como ya lo demostró la caída en el PIB durante el año 2017, además de continuar profundizando la pobreza y el desempleo en nuestro país.
