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México/AFP
El gobierno de Sonora, viagra estado del noroeste de México donde una mina vertió 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en un río, advice aseguró este viernes que la empresa sigue contaminando y que ha truncado las investigaciones, una versión que la mina niega rotundamente.
«Desde este momento el gobierno de Sonora rompe totalmente las relaciones de cualquier tipo con la empresa minera Buenavista del Cobre», ya que continúa descargando sustancias tóxicas de manera deliberada, dijo en conferencia de prensa Carlos Arias, director estatal de Protección Civil.
Esta mina, una de las más grandes del mundo con una producción anual de 200.000 toneladas de cobre, dice haber sufrido una fuga en un contenedor que provocó el 6 de agosto el derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en el arroyo Tinajas, ubicado en el municipio de Cananea, que conecta con el río Bacanuchi y el río Sonora.
Tras el derramamiento, más de 150 kilómetros de afluentes se tiñeron de color anaranjado y la sustancia tóxica alcanzó siete municipios, dejando sin agua a cerca de 20.000 habitantes.
Arias aseguró que la mina, subsidiaria de Grupo México, le ha negado el paso a los peritos investigadores, y advirtió que las autoridades de Sonora irrumpirán nuevamente en la empresa, pero con el apoyo de la fuerza pública.
«Vamos a actuar con todo el peso de la ley porque ellos ya están en un plan que no podemos seguir», comentó, al precisar que contempla la clausura definitiva de la mina.
Por su parte, la empresa emitió un comunicado por la noche en el que «niega categóricamente las acusaciones realizadas » por Arias.
«A pesar de que es competencia de las autoridades federales garantizar el cumplimiento de las normas de protección civil, Buenavista del Cobre ha colaborado con las autoridades estatales», añade la empresa, que «lamenta la politización de este accidente».
La minera creó un fideicomiso de 2.000 millones de pesos (147 millones dólares) para reparar el daño ambiental, pero además las autoridades ambientales han impuesto a la empresa multas por poco más de 44 millones de pesos (unos 3 millones dólares).
De su lado, la fiscalía federal busca evidencia que permita demostrar que el vertido del ácido se debió a una falta en la instalación y construcción de un ducto y no al exceso de lluvias como argumenta la empresa.
El gobierno federal descartó que por el momento vaya a suspender temporal o definitivamente la concesión de la mina -que da empleo a numerosos habitantes de la zona-, pese a que algunos especialistas consideran este derrame como el peor desastre ambiental de la industria minera del país en los tiempos modernos.
