Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Un informe presentado por Cristosal reveló que las regresiones democráticas y el avance de esquemas autoritarios han provocado un incremento de la violencia estatal y violaciones de derechos humanos en Guatemala, El Salvador y Honduras.
Esta expresión del abuso de poder se ha dado mayormente en Guatemala y El Salvador, afectando principalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, defensores de territorios de pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades empobrecidas y marginadas.
Tras la crisis originada por la pandemia del COVID-19, el uso de “poderes de emergencia” ha cobrado singular popularidad para afrontar toda clase de crisis sanitarias, económicas, sociales y de seguridad, desde julio de 2021 a mayo de 2023 se registró 12 decretos de emergencia en los tres países, de los cuales once fueron motivados por temas de seguridad.
“Esto ha llevado a la restricción o suspensión de derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de movimiento, derecho de reunión y manifestación, inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, detención legal y el derecho a la defensa, entre otros. Muchos de ellos no cumplen con los estándares internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad”, señaló el informe.
Se analizó tres patrones graves de violencia estatal: el abuso del ejercicio punitivo y el uso excesivo de poderes de emergencia; la violencia contra comunidades pobres e indígenas en defensa de su posesión y propiedad ancestral de la tierra; y la violencia contra defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
Para Cristosal, es preocupante el número de días en los cuales las poblaciones han estado bajo suspensión de derechos y garantías constitucionales, sobrepasando los 400 días en el caso de El Salvador, 253 en Guatemala y 177 en Honduras. El abuso de este recurso ha generado la normalización de prácticas y violencia por parte de agentes de seguridad, convirtiendo las medidas excepcionales en una licencia para violar los derechos humanos de forma permanente.
El Salvador es el país con el mayor número de días con suspensión de derechos y garantías constitucionales para sus ciudadanos, donde se contabilizan 66,000 detenciones arbitrarias y el fallecimiento de 162 personas mientras se encontraban bajo custodia estatal.
Además, hay un aumento significativo en el hacinamiento y el deterioro de las condiciones para las personas privadas de libertad, incluyendo la incomunicación total; prácticas de tortura y maltrato hacia la población carcelaria, que constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El informe de Cristosal detalló que se han registrado allanamientos de viviendas, mediante el uso de la coacción, lo que vulnera los derechos a la presunción de inocencia, intimidad y al honor de los ciudadanos, además, de exponer ilegalmente a los afectados ante los medios de comunicación, generando una violación adicional a sus derechos fundamentales.
En cuanto a la violencia permanente y sistemática dirigido hacia las comunidades indígenas y marginadas, en El Salvador se han documentado desalojos debido a la ejecución de proyectos de infraestructura o megaproyectos y expropiación de tierras, lo que ha resultado en la criminalización y el acoso de líderes comunitarios.
Cristosal registró 27 casos de vulneraciones contra defensores de derechos humanos, de ellos, dos por desplazamientos y 15 a causa del Régimen de Excepción. También, se identificó patrones de violencia contra operadores de justicia, como amenazas, criminalización, ataque verbal, coacción, retiro obligatorio y traslados.
La organización pide evitar el uso inapropiado de los poderes de emergencia y utilizar las herramientas constitucionales para abordar la criminalidad; limitar el ejercicio del poder punitivo al sistema judicial y no instrumentalizar el sistema de justicia para la persecución política.