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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) restableció ayer a la Sección de Probidad la facultad de solicitar directamente a los bancos información de cualquier persona natural o jurídica, healing cuando realice investigaciones sobre enriquecimiento ilícito y otros delitos financieros cometidos por ex funcionarios. Dicha facultad le fue quitada en el 2005 cuando quiso indagar las cuentas del ex presidente Francisco Flores y varios de sus funcionarios.
Ayer mismo, la Asamblea Legislativa amplió el mandato de la comisión especial que investiga a Francisco Flores por el paradero de los 10 millones de dólares donados por Taiwán. Esta comisión ahora podrá investigar todas las donaciones recibidas por el ex presidente arenero durante su mandato, especialmente las percibidas para atender las emergencias del Huracán Mitch y los terremotos del 2001.
Ambas acciones constituyen dos avances importantes en la lucha contra la corrupción de los gobiernos de ARENA, resultantes de la incidencia de más de 50 organizaciones de la sociedad civil que en diciembre pasado solicitaron restablecer la Sección de Probidad de la CSJ y ampliar el mandato de la comisión legislativa que investiga al ex presidente Flores por los 10 millones taiwaneses.
Esas mismas organizaciones, entre ellas FESPAD, UNES, ACUA, ACISAM, CDC y ARPAS, realizarán un gran foro público contra la corrupción en los próximos días. Este evento tiene como propósito generar mayor conciencia ciudadana contra la corrupción y demandar de las autoridades, sobre todo a la Fiscalía y al sistema judicial, una actuación más contundente para que los actos corruptos de las administraciones areneras no queden impunes.
Esta actuación fiscal debe ser especialmente rápida en los casos de corrupción del gobierno de Francisco Flores, debido a que éstos van a prescribir el 31 de mayo de este año. Es decir, la Fiscalía y los tribunales tienen cuatro meses para investigar y condenar a los responsables de la privatización encubierta de La Geo, la venta irregular de las termoeléctricas, el robo o malversación de (aún no se sabe exactamente cuántos) millones de dólares donados por otros países durante el quinquenio 1999-2004.
Y esta labor ya se puso fácil para la Fiscalía y el sistema judicial, porque el ex presidente Flores se auto incriminó en varios delitos con sus declaraciones en la comisión legislativa que investiga el destino de los 10 millones taiwaneses. Como bien dijo el Presidente Mauricio Funes ayer en una entrevista televisiva, Flores debería ser enjuiciado por recibimiento de dádivas, asociaciones ilícitas, cohecho, actos arbitrarios, perjurio y enriquecimiento ilícito.
