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Redacción Nacionales
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Miembros de la comunidad salvadoreña en el exterior catalogaron como ”persecución política” la demanda interpuesta por personas afines al oficialismo en la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del doctor Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego que el funcionario dijera en televisión que el pueblo salvadoreño tiene el poder para dar un golpe de Estado, esto a raíz de que un televidente le expresara que el pueblo “tiene el poder para reelegir al presidente Bukele” a pesar de que la Constitución lo prohibe.
El lunes de esta semana, Bethy Arana y Kevin Sánchez, presentaron un aviso en el Ministerio Público en contra de Julio Olivo y el secretario del FMLN, Oscar Ortiz, por hablar de “golpe de Estado”.
“Denunciamos que este es un nuevo caso de persecución política y amenaza de captura, que se está intensificando en El Salvador, y esta vez en contra del magistrado, quien entre sus altos méritos académicos y profesionales está haber sido jefe del Departamento de Ciencias Políticas y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, así como expresidente del máximo tribunal electoral de la nación”, comentaron los salvadoreños residentes en el exterior, de diferentes partes del globo terráqueo, tal como se puede ver en un campo pagado que se publica en esta misma edición.
Según manifestaron, Olivo “es perseguido por asumir la defensa incorruptible de la democracia en El Salvador”. La Constitución de la República no avala que un presidente en funciones participe en la contienda electoral. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional controlada por el Ejecutivo avaló que el presidente pueda competir y ser reelecto si así lo disponen los salvadoreños.
Miembros de la comunidad de salvadoreños en el exterior mostraron su apoyo a Olivo, pues “tiene una reconocida experiencia en legislación y vigilancia de procesos electorales a nivel nacional e internacional y, además, se le reconoce su conducta transparente y correcta en los procesos administrativos en dicho órgano electoral”.
Los denunciantes, simpatizantes al oficialismo pidieron a la Fiscalía que investigue y que se desarrolle un proceso de desafuero en contra de Julio Olivo, en la Asamblea Legislativa, mientras que para Ortiz pidieron la detención.
Entre tanto, la comunidad en el exterior exigió el respeto a la libertad de expresión que tiene Olivo. “Él ha manifestado y ha demostrado ser un defensor consecuente de nuestra carta magna y con la transparencia de los procesos electorales en El Salvador”.
También, condenaron cualquier acto intimidatorio que exponga su vida y la vida de su familia. “La democracia en El Salvador está en peligro y nosotros desde el exterior continuaremos asumiendo su defensa”, concluyó la comunidad salvadoreña en el exterior con miembros en Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia y países latinoamericanos, entre otros.
