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Por Leonel Herrera*
¿Qué tienen en común el ajuste presupuestario, las reformas a la Ley del Bitcoin y la aprobación de la “Ley Anticorrupción”? Todas responden a las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para desembolsar un postergado préstamo al gobierno: las tres son piezas de un “baile por 1,400 millones de dólares”.
Como se sabe, entre los obstáculos para obtener el referido financiamiento internacional estaban el déficit fiscal, la adopción del Bitcoin y la falta de transparencia, rendición de cuentas y política anticorrupción en el régimen de Nayib Bukele. Así que, para cumplir con estos requerimientos, la autocracia inició esta especie de “baile de tres pasos”.
El ajuste presupuestario incluyó medidas de reducción del gasto y de aumento de ingresos. Para reducir el gasto público, el gobierno eliminó el presupuesto de los municipios, suprimió instancias importantes como INSAFORP e INJUVE y redujo los fondos para educación, salud, saneamiento ambiental y otras áreas sensibles (Vale recordar que mientras reduce drásticamente el presupuesto en ámbitos claves para el desarrollo humano, el bukelato incrementa innecesariamente los fondos para propaganda, el presupuesto militar y otros gastos inútiles).
Y para aumentar los ingresos, el régimen lanzó una persecución fiscal contra los vendedores informales, emprendedores, profesionales independientes y las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras tanto, mantiene exenciones tributarias y otros beneficios fiscales a grandes empresas y a personas ricas, profundizando la regresividad e injusticia tributaria.
Imponer nuevas multas y aumentar el monto de las existentes, también es parte de la estrategia gubernamental para subir los ingresos a costa de los pobres y los sectores medios que -debido a su nivel de ingresos- resultan más afectados.
Por eso podría decirse que, en este “primer paso del baile”, Bukele y sus secuaces se mostraron insensibles y crueles ante las necesidades de los pobres, los derechos de la población y la responsabilidad estatal en la solución de los problemas estructurales, la reducción de las desigualdades y la promoción del desarrollo integral del país.
Esta “fase del baile” culminó con el despido injustificado y arbitrario de decenas de miles de empleados públicos, incluidos cientos de sindicalistas y trabajadores organizados. La mayoría de ellos y ellas fueron destituidas en represalia por defender derechos laborales y protestar contra injusticias, abusos y atropellos del gobierno.
Las modificaciones a la Ley del Bitcoin son una derogación disfrazada de reforma, ya que los cambios eliminaron el Bitcoin como “moneda de curso legal”, prohibieron la posibilidad de pagar impuestos con el criptoactivo y quitaron la obligatoriedad de su uso. Por tanto, es el fin del irrealizado sueño criptomonedero del bukelismo.
Es la aceptación silenciosa del monumental fracaso de una medida con la que se ofreció inclusión financiera, atracción de inversiones y desarrollo tecnológico (Aunque es probable que su implementación sí favoreció negocios particulares e -incluso- actividades ilícitas).
En el plano simbólico, este “segundo paso del baile” significó para la autocracia bukeliana “quitarse su mejor prenda”, la más bonita y exhibida. Ahora ya no somos “el país del Bitcoin”, como decía la incesante propaganda oficial que circuló en redes sociales y medios por todo el mundo. Los propios criptomonederos, anteriormente entusiastas, hoy sostienen que El Salvador “ya no es diferente a otros países que permiten el criptoactivo”.
El peso de la realidad hizo a Bukele asumir que “más vale pájaro en mano que cien volando”. Así, por 1,400 millones de dólares dijo adiós a la “Bitcoin City”, los “Bonos Volcán” y demás propuestas estrambóticas que giraban alrededor de la ilusión criptoactiva.
Finalmente, el “paso tres del baile” consiste en mostrar algo que no es: el régimen finge que combate la corrupción. La autocracia hace una pantomima de transparencia para intentar engañar al FMI haciéndole creer que rendirá cuentas.
Bukele manda a aprobar una “Ley Anticorrupción”, mientras mantiene bloqueado el acceso a la información pública con reservas ilegales, no rinde cuentas del uso de los fondos estatales, otorga megaproyectos en forma intransparente a empresas extranjeras, su familia se enriquece aceleradamente, no procesa a sus funcionarios señalados de corrupción y presenta como acciones anticorrupción actos de persecución política contra opositores.
Por lo demás, el “baile por 1,400 millones” también evidencia la falacia del discurso soberanista del bukelismo que se ufana y se jacta de no aceptar recetas ni recomendaciones externas, mientras se somete a la exigencias del FMI.
*Periodista, analista y activista social.
