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Luis Armando González
4. FMLN: salvaguarda de la democracia
Durante la campaña, cure la respuesta del FMLN y sus candidatos fue la de respetar las reglas del juego limpio. En la segunda vuelta y, sobre todo, al cierre de la jornada electoral, el FMLN fue puesto a prueba en su capacidad de hacer suya la causa democrática. Si ARENA, Norman Quijano y René Portillo Cuadra alentaban a la militancia arenera para el choque de calle (a la manera de la derecha venezolana), la dirigencia del FMLN y los candidatos ganadores (Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz) mantuvieron la cordura y transmitieron a su militancia el compromiso de respetar la institucionalidad vigente.
En los días que siguieron al cierre de la votación y al anuncio oficial de la fórmula ganadora, la democracia salvadoreña corrió el riesgo de desbocarse y el FMLN lo impidió. Estuvo en manos del FMLN la salvaguarda de la democracia y el partido cumplió a cabalidad con las exigencias que se le plantearon en esos días marcados por el fanatismo de una derecha fuera de control, una derecha a la que le cuesta asimilar reveses electorales y para la cual el país sigue siendo una especie de hacienda de su propiedad.
5. La derecha ante los primeros 100 días de gobierno
El 1 de junio de 2014, dio la pauta para que ARENA y sus aliados para replantear su estrategia de acoso al nuevo gobierno. Aceptada a regañadientes su legitimidad –confirmada en un acto de toma de posesión reconocido por la sociedad salvadoreña y por la comunidad internacional—, la cuenta de los primeros 100 días se convirtió en el escenario para perfilar una línea de presión para que el nuevo gobierno resolviera, en ese breve periodo, los graves problemas del país en materia de seguridad pública y de deterioro económico.
Esta línea de ataque tuvo varios ejes: primero, “inflar” esos problemas por todos los medios posibles; segundo, insistir en que esos problemas habían surgido (o se habían agudizado) a partir de 2009; tercero, responsabilizar al gobierno de Mauricio Funes por su surgimiento o agudización (o por no haberlos resuelto); y cuarto, insistir en que la capacidad o incapacidad del nuevo gobierno dependían de si podía (o no) resolver los graves problemas de seguridad y de estancamiento económico. Obviamente, el terreno se estaba preparando para que, una vez cumplidos los primeros 100 días, la población aceptara la tesis –sistemáticamente trabajada— de que el nuevo gobierno era incapaz de atender y resolver los problemas sociales y económicos más graves.
En efecto, así fue. Tergiversando el sentido de los primeros 100 días de gobierno, pidiendo cosas imposibles de realizar en ese corto periodo de tiempo, la derecha política, mediática y empresarial no cejó en sus esfuerzos por destacar el “fracaso” del nuevo gobierno en sus primeros 100 días. Un punta de lanza en estos ataques fueron algunas encuestas de opinión de dudosa calidad científica y ética, en las cuales la “población” –muestra de unas 1,200 personas, cuya opinión se extrapolaba al conjunto de la sociedad— descalificaba a la nueva gestión de gobierno por no haber atendido los problemas del país en sus primeros 100 días.
De alguna manera, la campaña de la derecha ante los primeros 100 días culminaba la estrategia de deslegitimación iniciada una vez que se oficializaron los resultados electorales de la segunda vuelta electoral. Así como durante la campaña para esa segunda vuelta las fuerzas de derecha se emplearon a fondo, usando sus mejores recursos y buscando ocupar todos los espacios de debate y opinión, para atacar con virulencia al FMLN y a sus candidatos, después del 1 de junio de 2014 esas mismas fuerzas pusieron todo su empeño para montar una estrategia que rematara la deslegitimación del nuevo gobierno con la afirmación, en la conciencia colectiva, de su incapacidad para gobernar el país. La tesis fuerte que coronó esta arremetida deslegitimadora fue la del “Estado fallido”, lanzada al ruedo público por el Arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis Escobar Alas.
Con la mencionada tesis –y pronunciada por una figura de alto peso religioso como lo es el Arzobispo capitalino—se quería dar un golpe contundente al nuevo gobierno, ya que se insinuaban al menos dos cosas: la primera, que el Estado salvadoreño –al ser un “Estado fallido”—no era capaz de asegurar la paz pública y, segundo, que el nuevo gobierno era el responsable de tal situación. Análisis y respuestas serias a la tesis del Arzobispo pusieron en evidencia su poca consistencia teórica, sociológica y política.
Y cuando se hizo público que alguien como Noam Chomski ha escrito un libro –titulado Estados fallidos— en el que sostiene que los estados fallidos son aquellos que carecen de capacidad o voluntad “para proteger a sus ciudadanos de la violencia y quizás incluso la destrucción y se consideran más allá del alcance del derecho nacional o internacional”, se hizo evidente lo endeble de la postura de quienes abanderaban el tema para El Salvador. Sin hacer mucho ruido, se batieron en retirada, y sólo de forma incidental se escuchó decir a alguien de la derecha que lo que había en El Salvador era un “gobierno fallido”, pero es obvio que se trató de una formulación espuria (adulterada), sin fundamento alguno.
6. La finalidad de la campaña de la derecha
Una lectura ingenua llevaría a creer que los ataques al nuevo gobierno, tenidos entre junio y septiembre –arreciados durante ese último mes— fueron sucesos aislados. Una lectura realista obliga a ver una estrategia de deslegitimación que, por un lado, buscaba erosionar la credibilidad del gobierno y debilitar su capacidad gestión; y, por otro, permitiría a la derecha política (representada por ARENA) afianzar sus posibilidades para las elecciones municipales y legislativas de 2015.
Estas elecciones, sobre todo las legislativas, son claves para la derecha salvadoreña, pues la Asamblea Legislativa es uno de los bastiones desde los que ARENA puede sabotear la gestión presidencial del FMLN. No es descabellado suponer que así lo vislumbran los dirigentes de ARENA y sus asesores. Y en esa lógica tiene sentido una línea de ataque por parte de la derecha no hacia sólo el Ejecutivo, sino también hacia la Asamblea Legislativa, concretamente hacia la fracción legislativa del FMLN, principalmente contra el Diputado Presidente, Sigfrido Reyes.
La cultura “antipartidista”, “antipolítica” y “antipolíticos” es coherente con esta estrategia, aunque no lo parezca.
Es una cultura que se ha puesto de moda –y ha sido capitalizada y alentada de muchas maneras por la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia— a partir de 2009, precisamente cuando el FMLN ganó por primera vez las elecciones presidenciales. Quienes se suman (o alientan) la cruzada “antipartidos”, “antipolítica” y “antipolíticos” hacen el juego a una derecha en crisis, a la cual casi lo único que le queda es debilitar (y deslegitimar) el ejercicio de poder del FMLN tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa.
En lo que se refiere a esta última, las arremetidas de la derecha empresarial y mediática han sido constantes, especialmente en contra de la fracción legislativa del FMLN. Se entiende que ello sea así, pues desde la Asamblea Legislativa –tras arduos debates— se ha impulsado una legislación que, en conjunto, potencia las prioridades sociales del Estado y lo hace responsable de atender temas –medioambientales, financieros, de bienestar social, de desarrollo económico— que la derecha del país considera de su exclusiva competencia. Desde el parlamento se han tocado los intereses de la derecha empresarial y mediática. Y ésta, sabedora de que las iniciativas en esa dirección han provenido de la fracción legislativa del FMLN, no ha dudado en atacar al partido y a sus figuras más emblemáticas en la Asamblea Legislativa. Uno de los hechos culminantes en el malestar de la derecha fue la investigación, realizada por una comisión parlamentaria, del ex presidente Francisco Flores, la cual destapó no sólo los abusos del ex presidente, sino la red de complicidad que se tejió en el partido y en algunos ámbitos financieros del país para mover el dinero donado por Taiwán y para proteger a Flores y a sus socios de cualquier procedimiento judicial.
