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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Como espacio estamos preocupados del avance de la crisis y el despojo ambiental, el agua y el cambio climático. Este año se han exacerbado esas afectaciones a las comunidades más pobres y vulnerables, bajo una mirada indiferente de las autoridades del Estado”, dijo Luis González, del Equipo Coordinador de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
González añadió “al presentar nuestro balance ambiental 2023, consideramos que ha sido un año de despojo en los territorios con extractivismo y con ataques a las personas defensoras ambientales”, acotó.
La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) presentó, junto a la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y Medio Ambiente de la Zona Sur de Ahuachapán (MESAMA) y Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), el “Balance Ambiental 2023”, en el que destaca el aumento de la crisis ambiental y la incapacidad de las autoridades de gobierno de garantizar o aplicar la normativa en esta materia.
El ambientalista reconoció que existen algunos aspectos que no pueden ser controlados como los fenómenos meteorológicos que provoca el cambio climático por ser un problema global. No obstante, si hay problemáticas nacionales en las que el gobierno podría aplicar la ley a quienes expolian los bienes naturales del país.
“Lo que tenemos son decisiones gubernamentales que están aumentando la vulnerabilidad socio ambiental ante estas crisis. El nivel de extractivismo ambiental ha tenido un aumento. Y no sólo me refiero a la minería metálica, amenazada por una reversión a su prohibición, sino que estos recursos son para beneficiar a sectores privados”, indicó.
“No es falta de leyes, tenemos una Ley de Avenamiento, Ley Forestal, Ley de Medio Ambiente y una Ley de Áreas Protegidas, normativas que se deberían cumplir, pero por ahora se las saltan para poder autorizar proyectos urbanísticos que impactan el medio ambiente”, acotó González.
Junto a las comunidades afectadas, la UNES ha acompañado la resistencia social de casos emblemáticos como el complejo urbanístico Valle del Ángel, que provocaría escasez del vital líquido en los municipios de Apopa, Mejicanos, Nejapa y Quezaltepeque.
También han denunciado megaproyectos como el del nuevo aeropuerto en el departamento de La Unión, un nuevo estadio en San Salvador, y el Tren del Pacífico, que son proyectos mediáticamente llamativos, pero los impactos ambientales no han sido valorados porque carecen de estudios de impacto ambiental, como manda la Ley de Medio Ambiente, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
“A eso se suman los pequeños proyectos que se desarrollan en las comunidades como antenas telefónicas o plantas de tratamiento que se ejecutan sin haber consultado a las comunidades, sin participación ciudadana y sin acceso a justicia ambiental”, agregó.
“El tema del desarrollo de infraestructura turística en la franja costero marina, el permiso de tala de bosques para ampliar el monocultivo de la caña de azúcar y ganadería a espaldas de la población, definitivamente es preocupante que no aplican las leyes y, por el contrario, le faciliten a los destructores ambientales seguir obrando”, reiteró González.
El ambientalista lamentó que el trabajo de los órganos Legislativo y Judicial fuera deslucido y debilitado en cuanto a la aplicación de las normativas ambientales, tras señalar que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de la Asamblea Legislativa, sesionó sólo en dos ocasiones en el presente año.
“Es lamentable que esta comisión sólo se haya reunido a principios de 2023 para aprobar una ley para reforestar el camino de la -Ruta de las Flores- y la última reunión lo ocuparon para aprobar la memoria de labores del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)”, recriminó.
“No es que no tengan importancia, pero no tiene un gran impacto ambiental. Y por el contrario hay un gran cantidad de propuestas que demandan un análisis y discusión como la Ley de Cambio Climático, tan urgente, la prohibición de agrotóxicos, el riego de pesticidas por avionetas, que están allí desde hace varios años, pero lamentablemente no se han discutido”, explicó González.
Otro de los señalamientos al gobierno es la “criminalización de las personas defensoras ambientales”, que consideran fue un año, que ha estado marcado por las amenazas y capturas de personas y represión a colectivos que defienden su derecho de acceso al agua, del extractivismo de bienes naturales de sus territorios y la no derogación de la ley de prohibición de la minería metálica. Y mucho más, la utilización del régimen de excepción para reprimir a las comunidades de su derecho a la libertad de expresión y asociación.
Sara Guardado, de la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y Medio Ambiente de la Zona Sur de Ahuachapán (MESAMA), expresó que la situación en sus territorios ha empeorando en los últimos 4 años, y lejos de resolverse las problemáticas estas van en aumento y más generalizadas que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades ante la ausencia de las autoridades.
“Hemos tenido fenómenos climatológicos en donde hemos tenido pérdidas, en nuestros cultivos, junto al alza de la Canasta Básica que aumentó considerablemente, más que los años anteriores a partir de los estudios que hemos venido realizando como comunidad”, dijo.
“Y lo preocupante es que no hayan alternativas que surjan de los ministerios responsables, como Agricultura y Ganadería (MAG), para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en los territorios para las comunidades más vulnerables. Y el exceso de permisos ambientales para la construcción en la playa que dañan ecosistemas y nuestros medios de vida”, argumentó Guardado.
Por lo anterior, consideraron, el año 2023 ha generado mayor pobreza en las comunidades vulnerables, cuyos cultivos son de subsistencia, por lo que la pérdida de granos básicos les impacta desde hace meses y se puede alargar el próximo 2024.
Doris Elizabeth de Pocasangre, de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), señaló la intranquilidad generada del aumento de la conflictividad socioambiental que se refleja de la resistencia al despojo de bienes naturales y culturales.
“Hay comunidades en la región hidrográfica, Sensunapan Banderas, que desde 2022 enfrenta la escasez y contaminación de las aguas, así como la defensa de los bosques y áreas verdes y sitios sagrados.
También la construcción de urbanizaciones y la falta de tratamiento de desechos sólidos y la extensión del monocultivo de la caña de azúcar”, denunció.
“En el 2023 se ha continuado con las vulneraciones al derecho a defender derechos y a las personas que defendemos derechos ambientales las amenazas y represión ha continuado. Son 7 liderazgos de la MESUTSO que han sufrido a nivel personal o familiar la persecución y detención por parte de policías y militares, donde se han cometido abusos de autoridad, ocultamiento de información, actos arbitrarios, intimidación y violencia física”, comentó Pocasangre.
Miguel Urbina, técnico de la UNES, reiteró el llamado de las comunidades al órgano Ejecutivo en cuanto a propiciar los espacios ciudadanos para toma de decisiones sobre la “gestión ambiental, programas y canalización de beneficios” que vayan para las comunidades y especialmente a las mujeres.
“Al Ministerio de Medio Ambiente le pedimos que cese la política de otorgar libre trámites y autorizaciones a los proyectos que dañan el ambiente y la población. Dar adecuado seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las leyes ambientales a nivel nacional y exigimos un alto a la visión extractivista, al desarrollo que promueven”, afirmó. “Al órgano Judicial les demandamos dar cumplimiento a las resoluciones de los tribunales y cámaras ambientales, garantizar la protección de los bienes naturales y las declaratorias de bienes culturales ante posibles degradaciones y desprotección. Y a las municipalidades mayor supervisión y acompañamiento a la población sobre problemas ambientales que incluye la gobernanza ambiental sustentable”, concluyó Urbina.
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