Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Human Rights Watch tuvo acceso a una base de datos que respaldan hallazgos sobre violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia en El Salvador. Los datos oficiales respaldan los señalamientos hechos por HRW y Cristosal.
A través de un comunicado conjunto, HRW y Cristosal sostuvieron que la base de datos, que presuntamente pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, enumera los nombres de personas procesadas entre marzo y finales de agosto de 2022 durante el régimen de excepción en El Salvador.
Habrá que recordar que el régimen de excepción se implementó en el país el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios. La medida se ha prorrogado en 10 ocasiones. Desde esa fecha, se han capturado a más de 61 mil presuntos pandilleros, pero entre ellas a cientos de personas inocentes. De hecho, el propio presidente Bukele dijo que han liberado a 3 mil personas, ya que se concluyó que eran inocentes, sin inmutarse por el yerro.
“La base de datos indica que miles de personas, incluidos cientos de niños y niñas, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia, que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas. El documento también respalda hallazgos anteriores, presentados por Human Rights Watch y Cristosal, sobre la sobrepoblación severa en centros penales, y la muerte de personas en prisión”, señaló la organización internacional de derechos humanos.
Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, expresó que la base de datos “permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción. Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”.
La base de datos proporciona nombres, edades y género de las personas procesadas durante el régimen de excepción entre marzo y agosto de 2022. También contiene información sobre los delitos de los cuales se acusa a las personas detenidas y el lugar donde fueron arrestadas.
Para evaluar la autenticidad de la base de datos, Human Rights Watch comparó los nombres con otras fuentes, incluidos casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicación, e identificó más de 300 coincidencias.
Con la información contenida en dicho documento, HRW consideró que se evidencia las preocupaciones en materia de derechos humanos.
A finales de agosto, 1.082 menores fueron enviados a detención provisional, incluidos 21 que tenían 12 o 13 años, en el contexto del régimen de excepción. Estos encarcelamientos fueron posibles debido a reformas a la Ley Penal Juvenil que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años para los niños y niñas acusados de delitos relacionados con pandillas.
“La base de datos indica que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y La Esperanza, también conocido como Mariona. En noviembre, las autoridades salvadoreñas informaron que 90 personas detenidas habían fallecido desde marzo, en circunstancias que las autoridades todavía no han investigado de forma adecuada”, dijo HRW.
Al mes de agosto, más de 50.000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86.000 personas. De acuerdo con información oficial, al mes de febrero de 2021, el sistema penitenciario de El Salvador tenía capacidad para 30.000 personas. Asimismo, el documento revela que más de 7.900 mujeres habían sido enviadas a detención provisional, una cifra que duplica la cantidad total de mujeres que se encontraban detenidas en El Salvador en febrero de 2021.
La mayoría de los detenidos fueron enviados al penal Mariona, donde la población penitenciaria aumentó de 7.600 a 33.000, y al penal de Izalco, donde este incremento pasó de 8.500 a 23.300. Según la base de datos, al mes de agosto, Mariona tenía cuatro veces más detenidos de los que podía albergar, y la cifra en Izalco triplicaba su capacidad. Otros centros de detención, como el penal para mujeres de Ilopango y el penal para hombres de San Miguel, tenían una población carcelaria seis veces superior a su capacidad.
Sobre la operatividad de las autoridades para capturar, HRW sostuvo que las fuerzas de seguridad “han llevado a cabo cientos de operativos indiscriminados, sobre todo, en barrios de bajos ingresos que han sufrido durante años la falta de oportunidades económicas y educativas. Los arrestos masivos han llevado a la detención de cientos de personas sin conexión aparente con las actividades delictivas de las pandillas”.
Dichos abusos cometidos durante el régimen de excepción, dijo HRW, han sido posibilitados debido al desmantelamiento acelerado de las instituciones democráticas encabezado por el presidente Nayib Bukele desde que asumió el cargo en 2019. “En la actualidad, no existe prácticamente ningún órgano gubernamental independiente que pueda servir como freno o contrapeso al poder ejecutivo o garantizar reparaciones y justicia para las víctimas de abusos”.
La organización internacional afirmó que el gobierno también ha limitado el acceso a la información pública y ha debilitado la labor del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Las autoridades señalaron a Human Rights Watch y a Cristosal que la información sobre las personas detenidas durante el régimen de excepción era “reservada”, aun cuando se trata de información de interés público conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Human Rights Watch y Cristosal concluyeron que el Gobierno salvadoreño debería reemplazar el régimen de excepción por una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen.
