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Mirna Jiménez
@Diario Co Latino
Las peticiones de destitución contra cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional por resoluciones contrarias al interés de la población no son nuevas, pero la medida cautelar para sabotear el Sistema Integrado de Transporte del Área Mertropolitana de San Salvador (SITRAMSS) “es la gota que derramó el vaso”, manifestó anoche Margarita Posada, de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU).
Dirigentes de esa organización defendieron la campaña de desobediencia lanzada recientemente contra sentencias y medidas dictadas por la Sala de lo Constitucional, asegurando que hay fundamentos constitucionales que respaldan esas acciones.
“En la calle hemos frenado a los sinvergüenzas, así frenamos la privatización de la salud”, manifestó la dirigente Margarita Posada, quien citó las medidas contra el SITRAMSS, la Ley de Medicamentos y el Fonat, como ejemplos de decisiones tomadas por la Sala a favor de grupos poderosos y en contra de sectores vulnerables de la población.
“Hemos visto una serie de medidas que han generado malestar e incluso han trastocado la institucionalidad de varios órganos del Estado, que han contribuido también a la crisis de impago que ha vivido nuestro país, pero creo que la gota que rebalsó el vaso fue esta medida cautelar en torno al SITRAMSS”, manifestó Posada en entrevista con Canal 25.
Consideró que se trata de una “medida inexplicable”, y sin ningún sentido para “defender la colectividad, y los cuatro señores ni siquiera han podido hacer una defensa jurídica”.
La alianza de organizaciones ha lanzado una campaña de “desobediencia cívica y desacato popular” frente a las decisiones tomadas por los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Sídney Blanco y Florentín Meléndez en una serie de fallos que han complicado las finanzas del Estado y afectado a sectores sociales, según los dirigentes.
Entre las acciones tomadas por la ASGOJU está la iniciativa presentada a la Asamblea Legislativa para que los cuatro magistrados sean destituidos. El dirigente Leonel Herrera afirmó que algunas voces están diciendo que es peligroso llamar al desacato, pero que el artículo 87 de la Constitución otorga al pueblo el derecho a la insurrección, cuando están ocurriendo graves violaciones a la Carta Magna.
“Cuando se está cambiando, modificando el sistema político, el sistema de gobierno establecido en la Constitución y cuando se estén vulnerando, violentando derechos consagrados en la Constitución, el pueblo tiene derecho a desobedecer y según nuestro análisis jurídico y político, consideramos que ambas cosas están sucediendo en este momento con la Sala de lo Constitucional”, dijo Herrera, también invitado al Canal 25 Orbita TV.
Posada agregó que la población ha sido testigo de expresiones poco serias como es el caso del magistrado González, quien señaló que en el pasado él iba en autobús a la universidad, pero que los guerrilleros quemaron la unidad.
“Dista mucho del nivel de debate que debería tener como magistrado además que deja evidente su identidad ideológica con la derecha a la que muy bien le ha servido desde su puesto en la Sala”, dijo Posada.
Herrera dijo que el artículo 186 de la Constitución establece la potestad que tiene la Asamblea Legislativa para elegir o destituir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando estos funcionarios no estén cumpliendo con el rol que les corresponde. “Está en el pleno marco de la legalidad, pedir la destitución de los magistrados
Posada, en tanto, enumeró una serie de acciones tomadas por esos magistrados que, a criterio de ASGOJU, demuestra que los cuatro jueces citados se han creado una coraza de impunidad, colocándose por encima de todas las leyes y la Constitución, resolviendo incluso en demandas presentadas por la población contra ellos mismos. “Se han excluido de los controles”, manifestó al respecto Herrera.
Este integrante de la alianza social restó importancia a exfuncionarios del sector Justicia, en tiempos de ARENA, y otros defensores de los cuatro magistrados quienes han criticado la campaña de desobediencia contra la Sala. “El problema es que ya ni tienen argumentos a favor de la Sala y por eso atacan a sus críticos. A la Sala ya no hay cómo defenderla”, señaló.
Además, estos cuatro magistrados han resuelto contra casi todas las instituciones del Estado, arrebatándoles su rol, como en el caso del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), mientras se han negado a cumplir con exigencias de ley como la orden que emitió el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para que hicieran pública una serie de información, según Posada.
“Ni siquiera nos dejaron entrar a la Oficina de Atención y Respuesta, nos cerraron la puerta, ellos funcionan en la opacidad”, afirmó la dirigente social.
